e acuerdo con el informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió ayer a la Cámara de Diputados, los ingresos fiscales se incrementaron en 146 mil 872 millones de pesos entre enero y marzo del año en curso, en tanto las cuentas públicas registraron una pérdida de 121 mil 554 millones, debida a la caída en casi 50 por ciento en las cotizaciones internacionales del petróleo con respecto al mismo periodo del año pasado. La dependencia afirmó que el repunte de la recaudación tributaria tiene carácter de extraordinario, dado que en ella incidió la eliminación del régimen de consolidación fiscal, que produjo 86 mil millones de pesos.
Se cumplen, así, aunque en forma inesperada, las advertencias formuladas por diversos actores políticos, académicos y sociales desde principios de 2013, en el sentido de que las reformas fiscal y energética estaban estrechamente vinculadas, pues la primera tenía como propósito compensar –mediante la recaudación de mayores impuestos– la merma de la renta petrolera que habría de ocasionar la segunda, al transferir parte de las utilidades de la industria correspondiente a agentes privados.
Lo que no era previsible hace dos años era la brusca caída de los precios internacionales del crudo, un fenómeno cuyo impacto en las finanzas públicas ha podido ser atenuado en alguna medida en los últimos meses de 2014 y en lo que va del presente año por los llamados seguros petroleros
, pero que, de continuar en 2016, conllevará una contracción adicional en el gasto público y, por tanto, en el conjunto de la economía. Si a ello se agregan los efectos de la reducción de la renta petrolera por la transferencia a empresas privadas de actividades que han venido siendo realizadas por la industria pública, cabe preguntarse cómo buscará el gobierno federal compensar el déficit.
Para ello no hay a la vista más que tres formas: incrementar los recortes al gasto, aumentar los impuestos vigentes y/o inventar nuevos, o bien adoptar una política de verdadera austeridad, especialmente en las altas esferas institucionales.
Las primeras dos vías, o una combinación de ambas, se traduciría en una afectación adicional al de por sí alicaído desempeño económico y, en el ámbito social, en más pobreza, más desempleo y mayor marginación. En cuanto a la tercera, no parece existir en ninguno de los tres poderes ni en ninguno de los niveles de gobierno un entendimiento preciso de lo desorbitadamente caro y agraviante que resulta el ejercicio gubernamental, y un día tras otro las oficinas públicas hacen gala de insensibilidad y frivolidad ante una población empobrecida y exasperada.
Cabe esperar que la clase política en su conjunto logre tener conciencia de un proceder que afecta su propia credibilidad y las perspectivas de gobernabilidad. Y es pertinente hacer votos, también, por que se revierta el paquete de medidas privatizadoras del sector energético promulgadas el 20 de diciembre de 2013.
