Con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ‘‘se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país. La transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, ayuda a prevenir y a combatir la corrupción’’, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de promulgación de esta nueva legislación.

El mandatario subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para ‘‘generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia’’. El derecho de acceso a la información en México ha evolucionado paralelamente a la democracia, pues en la actualidad la sociedad tiene derecho a conocer ‘‘cómo y en qué se invierten los recursos públicos. Tienen derecho a saber qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados’’.

A Palacio Nacional llegaron casi todos los representantes de los nuevos sujetos obligados. Para atestiguar la promulgación estaban los líderes del Congreso, el senador Miguel Barbosa y el diputado Julio César Moreno, ambos perredistas, quienes omitieron referirse a la reserva de tiempo que concedieron sólo al Congreso para cumplir sus obligaciones de transparencia (seis meses).

También estuvieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, algunos dirigentes partidistas y la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) –que a partir de ahora será instituto nacional–, Ximena Puente.

Con todo y los beneficios sociales que conlleva de suyo la nueva ley, dijo Peña Nieto, es sólo una parte de lo que definió como ‘‘paradigma de autoridades proactivas’’: el gobierno abierto, del que se calificó promotor.

‘‘Los gobiernos abiertos son la nueva frontera de nuestra democracia, son un nuevo modelo colaborativo que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades. Este modelo requiere sociedades democráticas, gobiernos transparentes y tecnologías que contribuyan a este propósito; es un paradigma de autoridades proactivas que publican la información en formatos útiles y amigables, incluso antes de que les sea solicitada’’, dijo el Presidente.

El titular del Ejecutivo aseguró que una mayor ‘‘transparencia empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas’’, pues el modelo de gobierno abierto requiere de ‘‘ciudadanos con espíritu constructivo’’.

Fue una larga ceremonia en la que el senador Barbosa resumió el espíritu de la reforma: ‘‘México no es un país de corruptos’’. Y agregó que ‘‘la inmensa mayoría de las mujeres y los hombres que habitamos y queremos a nuestra nación estamos por el combate a la corrupción y a la impunidad. Estoy convencido que se desarrolla un esfuerzo institucional desde todos los ámbitos de gobierno en el combate’’ contra este problema.

El ministro Aguilar habló para reivindicar el acceso a la información pública como requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y como ‘‘herramienta trascendental para la transparencia y la rendición de cuentas, lo que resulta decisivo para fortalecer la legitimidad de las instituciones’’.

Seis discursos dedicados a exaltar la nueva ley como punto de quiebre contra la corrupción. El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade –llegado al cargo con la encomienda principal de investigar el posible conflicto de intereses del Presidente– sentenció: ‘‘Esta ley, más allá de una política, simboliza una filosofía de Estado’’, porque abarca la obligación para todos los órdenes de gobierno, todas las instituciones públicas.

A su vez, Ximena Puente habló de los preparativos del que a partir de hoy será Inai (Instituto Nacional de Acceso a la Información): ‘‘Se ha preparado un profundo proceso de planeación estratégica y rediseño institucional. Sin embargo, es imprescindible subrayar que todos somos responsables del funcionamiento del engrajaje de la transparencia’’.

El presidente Peña Nieto hizo un apretado resumen de los cambios que implicará la nueva ley, como son mayores obligaciones de transparencia, pues el catálogo que deberán cumplir en los portales sube a 50; reducción de las causales de reserva de información y prohibición de que se reserve en casos de delitos graves y de lesa humanidad.

Además, ampliación de sujetos obligados para incluir a partidos, sindicatos y fideicomisos; vigencia a nivel nacional de la ley para que sea homogénea la información disponible, entre otros puntos.