La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dependiente del gobierno federal, autorizó indemnizar de inmediato a las otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, con el fin de reparar el daño moral, patrimonial y los perjuicios que la Procuraduría General de la República (PGR) y diversos jueces en materia penal ocasionaron a las indígenas.

La decisión de la comisión en favor de las tres mujeres –acusadas y condenadas en 2006 a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de seis agentes federales durante un operativo antipiratería en Querétaro– la dio a conocer un alto funcionario de esa institución colegiada.

Estamos buscando tener contacto con los abogados de las tres indígenas otomíes para que acudan a las instalaciones de la CEAV a recibir el pago de su indemnización, cuyo monto reservamos para protegerlas, indicó la fuente consultada.

Las indígenas están a la espera de que se resuelva un litigio ante un tribunal colegiado de circuito, luego de que la PGR se negó a cumplir una sentencia de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en la cual también se ordena a la dependencia federal indemnizarlas.

Es probable que los abogados de las mujeres valoren si les conviene aceptar el monto que les ofrece la CEAV o si esperan la sentencia de un tribunal colegiado de circuito, ya que la Ley General de Víctimas impide pagar indemnizaciones si ya otra instancia gubernamental reparó el daño.

En caso de que las tres mujeres acepten la indemnización que les fijó la CEAV, deberán desistirse del juicio administrativo por reparación patrimonial del Estado que tienen casi ganado a la PGR.

Para que proceda cualquier 'indemnización por parte de la comisión citada, los familiares de alguna persona que haya sido víctima de delito están obligados a presentar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida ante graves violaciones a sus garantías individuales.

A finales de mayo de 2014, el pleno de la sala superior del TFJFA ordenó a la PGR reparar el daño patrimonial y moral a las tres mujeres, quienes fueron acusadas, y condenadas en 2006.

Entre 2009 y 2010 fueron liberadas debido a que la procuraduría presentó conclusiones no acusatorias en su contra, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo graves irregularidades durante su proceso.