Morena interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la ley y la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no organizar debates entre los candidatos a diputados federales como parte del proceso que culminará con los comicios el próximo 7 de junio.

El documento indica que tal decisión es anticonstitucional, lo mismo que el contenido de la ley que sólo determina para el INE la responsabilidad de promover tales encuentros entre los aspirantes a puestos de elección popular federal. Dice que basta con que en los distritos donde ningún medio de comunicación se interese por organizar algún debate para que éste no se lleve a cabo. Esto –se­ñala Morena– atenta contra el derecho de los ciudadanos a la información.

El alegato de Morena se remonta a la reforma constitucional en materia político electoral de febrero de 2014, la cual dejó en manos del Congreso de la Unión la expedición de la ley sobre la regulación de los procedimientos electorales. Entre otros aspectos que debería contener el ordenamiento están los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos, organizados por autoridades electorales.

De igual forma quedó plasmado en la Carta Magna que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales.

Sin embargo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se excluyó al INE y a los órganos desconcentrados del mismo, del deber de organizar los debates entre candidatos a diputaciones federales. Se les dejó solamente la facultad de promover, coadyuvar, apoyar o supervisar la celebración u organización de los intercambios entre los aspirantes. En cambio el ordenamiento sí establece la obligación del INE de organizar debates entre candidatos a la Presidencia de la República.

Con base en la ley, el pasado 29 de abril el Consejo General del INE emitió los lineamientos aplicables a los debates entre candidatos a diputados federales con objeto de fomentar y promover dichos actos. Además de que responde a una ley inconstitucional, el acuerdo es tardío, pues ya va a la mitad la campaña electoral, apunta Morena.

Dice que en estas condiciones, aunque algún medio de comunicación convocara a un debate, los candidatos pueden negarse a participar con el argumento de que no participa la autoridad electoral.

Para el instituto político, se vulnera el derecho humano de acceso a la información en materia político-electoral en su dimensión individual y colectiva. Además atenta contra los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, supremacía, igualdad y no discriminación.