Desde la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió de los efectos del narcotráfico y de la necesidad de hacer un ajuste en la estrategia internacional ante este problema.

‘‘En México tenemos experiencias, como otras naciones, sobre los impactos del fenómeno de las drogas y los daños sociales que causa: violencia, exclusión, descomposición del tejido social y victimización’’, dijo.

Debemos replantear –puntualizó– el alcance de los regímenes legales para incorporar enfoques de bienestar individual y social. Lamentó la ausencia de un acuerdo para evitar la promoción de medidas crueles e inhumanas. Por ello, emitió un exhorto para considerar todas las herramientas de la justicia penal y la proporcionalidad de las penas, como alternativas al encarcelamiento.

Hizo referencia al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a las tareas de prevención, a la corresponsabilidad, así como a otras acciones para hacer frente ‘‘al daño social’’ originado por la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas.

“Al tiempo que actuamos decididamente contra los delincuentes, evitamos criminalizar a los más vulnerables y estigmatizar y marginar a los consumidores’’, señaló.

El funcionario destacó las ventajas de la prevención y de su tratamiento, también como un problema de salud pública. Es imprescindible reconocer que los avances en el problema mundial de las drogas aún son insuficientes, dijo. Por ello, un andamiaje favorable es la incorporación de políticas de drogas más justas y humanas.

‘‘Debemos valorar las limitaciones de la actual política en esa materia y analizar de manera conjunta qué ajustes necesita’’, indicó Osorio.

El funcionario federal expresó lo anterior durante su participación en el diálogo de alto nivel sobre el problema internacional de las drogas, preparatorio de la cumbre en este tema a realizarse en abril de 2016.

Osorio Chong viajó a Nueva York para exponer la posición de México ante un problema que le afecta directamente, por ser un país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos, y de creciente consumo.

Por ello, se hace énfasis en la necesidad de aplicar un ‘‘esfuerzo adicional’’ para analizar el problema con un enfoque de salud pública. Lo anterior significa avanzar en las políticas sociales, en un contexto de derechos humanos.

México reconoce los mandatos de la Junta Internacional de Estupefacientes respecto de la reducción de la demanda, así como de una mejor coordinación en el control de nuevas sustancias.

Destacó finalmente la necesidad de ir a las causas estructurales de la violencia y el crimen con acciones en lugares donde existen factores de riesgo.