La crisis de derechos humanos que desde hace varios años se vive en México, que se agudizó a raíz de que el gobierno federal emprendió la guerra contra el narcotráfico, sólo será superada con una decisión de Estado y que, en principio, se erradique la impunidad, aseveró Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).

En entrevista con La Jornada, la activista –quien será titular de la oficina regional para el continente de AI, cuya sede estará en México y se puso en marcha esta semana– lamentó que aun cuando en el primer trimestre de 2014 el organismo entregó una serie de recomendaciones al presidente Enrique Peña Nieto con el propósito de contrarrestar las sistemáticas violaciones a derechos humanos en el país, el jefe del Ejecutivo federal aún no ha mostrado voluntad para implementar mecanismos y estrategias que atiendan el problema.

En los últimos años México ha enfrentado una grave crisis de seguridad. Es un país que vive una situación de violencia y un incremento de la influencia del crimen organizado. El Estado se ha visto imposibilitado de proteger a los ciudadanos, además de que existe un nivel de impunidad y corrupción de algunas autoridades en las redes criminales. Todo eso ha generado un contexto de violaciones a los derechos humanos en dimensiones realmente preocupantes.

La crisis en materia de garantías fundamentales en el país se expresa de varias formas: la desaparición forzada de más de 25 mil personas en años recientes, la práctica sistemática de la tortura y la impunidad de quienes cometen violaciones a los derechos humanos.

Guevara lamentó que las autoridades mexicanas se empeñen en rechazar los señalamientos y recomendaciones relacionados con las garantías individuales. Ejemplo de ello es el reciente informe del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, quien concluyó que esa práctica es generalizada en el país, en un contexto donde existe impunidad. La administración de Peña Nieto negó esas conclusiones y trató de dar por cerrado el debate.

Para AI es preocupante, pues no es la primera vez que el Estado mexicano da una respuesta de ese nivel. En realidad el debate no sólo debe ser de ideas y posiciones, sino en términos de estrategias de solución, subrayó la activista.

Consideró que las autoridades deben fortalecer varios mecanismos para garantizar los derechos humanos: el legislativo, la política pública y la respuesta de las instancias de justicia ante violaciones a esos derechos.

Pero sobre todo tiene que haber un compromiso político, y éste debe ser encabezado por el titular del Ejecutivo federal, quien debe hacer un compromiso público real de que no se permitirá ninguna violación a los derechos humanos y que, en caso de que se presenten, los responsables no quedarán impunes ante esos delitos.

Afirmó que en México están dadas las condiciones de concientización social para demandar que el tema de los derechos humanos se ponga en el centro de las políticas públicas.

Son muchos los tópicos, pero lo primordial es combatir la impunidad. El que las violaciones a estos derechos no sean investigadas, y cuando se hace, las indagatorias sean ineficientes, genera que el problema persista, que los perpetradores estén libres y las víctimas sufran. Si no hay respuesta clara de todo el Estado mexicano ante estas graves violaciones, es precisamente porque quien las comete no tiene ningún castigo.