Política
Ver día anteriorLunes 18 de mayo de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
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El glifosato debe prohibirse
Iván Restrepo
P

ese a tanto dinero invertido por la trasnacional que lo elabora para hacer creer que no afecta negativamente la salud pública y al medio ambiente, aparecen más testimonios que demuestran lo contrario. Nos referimos al glifosato, herbicida utilizado en América Latina y otros países en diversos cultivos, como maíz, soya transgénica y trigo. También para combatir las siembras de coca. En varias ocasiones hemos denunciado aquí la tolerancia de las autoridades para con Monsanto, que fabrica y comercializa dicho agroquímico, y la falta de patrocinio para estudios que demuestren los daños que causa donde se aplica como si fuera un producto inocuo.

Dos nuevas muestras de que el glifosato debe prohibirse totalmente las ofrecen Argentina y Colombia. Investigadores de las Universidades de La Plata y Córdoba comprobaron que en Monte Maíz, una región de esta última provincia donde se aplica en los cultivos de soya, la incidencia de cáncer entre los vecinos es tres veces mayor que en el resto de la provincia y en Argentina en general.

Monte Maíz es un poblado de 9 mil habitantes donde reina el agroquímico mencionado. Cada año se aplican en los campos de soya unos 600 mil litros de esa peligrosa fórmula. Pero además se almacena en locales que no cumplen con las normas mínimas de seguridad cuando se trata de sustancias tóxicas y peligrosas. Los vecinos pidieron a los médicos y los especialistas en medio ambiente de ambas universidades investigar por qué había en el poblado tantos casos de personas con tumores en colon, próstata, piel, tiroides y mama. Por qué los casos de abortos y malformaciones en menores de edad eran muy superiores a la media nacional. Lo que sucede lo atribuyen a la presencia de la citada fómula química.

En este espacio he criticado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su complacencia con el glifosato al no agregarlo a la lista de productos que no deben utilizarse por afectar severamente la salud humana. A lo más que se atreve la OMS es a reconocer que ocasiona cáncer en animales de laboratorio. El investigador español Vicente Boix en su documentado libro sobre lo que sucede con este agroquímico en Centroamérica ( El parque de las hamacas, se titula) igualmente critica a los organismos internacionales y a los gobiernos centroamericanos por tolerar su uso cuando deja su estela de enfermedaddes y muerte. Por su parte, la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer advierte de los posibles efectos adversos en la salud.

Y actuando en consecuencia, el gobierno colombiano acaba de prohibir el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos, asunto que se discute en dicho país desde que en 1999 las autoridades decidieron usar las aspersiones de ese herbicida como el método más efectivo para combatir los sembradíos de coca. Y esto pese a que en varios estudios los especialistas colombianos demostraran que causa daño a la salud y al ambiente, y a que su uso también fuera cuestionado por legisladores y personalidades de la política nacional. Pero el ejército colombiano y Estados Unidos impusieron su criterio de que fumigar con glifosato era la mejor forma de ponerle punto final al narcotráfico.

Mientras Afganistán lo prohibió en 2007 para proteger al sector agrario y sus habitantes, Colombia siguió utilizándolo. En 2008 tuvo que responder la demanda interpuesta por Ecuador ante la Corte Internacional de La Haya por incumplir un acuerdo bilateral que le impedía fumigar con glifosato en la frontera común. Ecuador tenía razón: el herbicida dejó muerte de animales y pérdida de cosechas en sus comunidades fronterizas. No se investigó el impacto en la salud de la gente expuesta.

Los especialistas colombianos que cuestionan en sus trabajos el uso del citado herbicida para erradicar los cultivos de coca también documentan sus efectos sociales en las comunidades donde se aplica, así como la racionalidad económica de la estrategia. A Estados Unidos, por ejemplo, le ha costado casi 10 mil millones de dólares. Pero la decisión del gobierno colombiano toca poderosos intereses y obliga a establecer una nueva política antidrogas. Asuntos que veremos más adelante.