Hay falta de seguridad jurídica e información sobre la operación de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) a dos meses de que empezó a operar y a cinco de que se puso en marcha la reforma energética, sostuvo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Hay poca claridad sobre el marco normativo y alcance de las facultades institucionales de esta agencia para vigilar el cumplimiento efectivo de la ley en materia de hidrocarburos; sobre la definición de medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales, así como del monitoreo y sanciones que se impondrán por los daños que se generen al medio ambiente y a la población.

En un comunicado el Cemda recordó que la regulación y vigilancia de los impactos ambientales ocasionados por los hidrocarburos ya no son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las denuncias ya no las atiende la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sino la ASEA.

Expresó que resulta preocupante que la ASEA será la responsable de aprobar y revisar la aplicación de la legislación ambiental en los proyectos de fracturación hidráulica (o fracking), sin que hasta el momento exista una regulación o lineamientos técnicos vincu­lantes para la prevención de los impactos ambientales que esta técnica conlleva, ni mecanismos claros de monitoreo y vigilancia para remediar los daños ambientales.

Entre los eventuales riesgos de esta práctica está la disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas, ya que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un pozo; la contaminación de las fuentes de agua; la falta de información que existe a escala internacional sobre cuáles son los aditivos químicos utilizados.