La suspensión de los exámenes a maestros es reflejo de la incapacidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la conducción de la enseñanza en el país, aseguró Imanol Ordorika Sacristán, investigador de temas educativos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista, afirmó que la evaluación no puede diseñarse como instrumento coercitivo y de control político del magisterio, sino que es para identificar problemas, hacer diagnósticos y avanzar en la solución de las dificultades que tiene el sistema de enseñanza.

Dijo que en la “mal llamada reforma educativa no hay un solo planteamiento pedagógico ni filosófico sobre cuáles son los fines que se persiguen ni cuál es el proyecto nacional en la materia. Simplemente hay un mecanismo que controla el ingreso, promoción y permanencia de los profesores con una finalidad política. A eso se le ha llamado reforma educativa.

Ordorika Sacristán manifestó que aunque no quedan claras las razones por las cuales la SEP dio marcha atrás, la dependencia no estudió a fondo los problemas que se generan con los exámenes.

Por no haber diagnosticado correctamente la construcción de las evaluaciones, que probablemente tienen muchos problemas en sí mismas y que no han estado a discusión de los especialistas.

Dijo que una primera conclusión, tras la suspensión de la evaluación, es que el gobierno federal, al asumir como propios la agenda y el tono del discurso de Mexicanos Primero, generó una enorme polarización social.

Insistió en que con la reforma se generó un gran mito, que fue la idea de que si se creaban mecanismos de evaluación del magisterio entraríamos en una etapa de mejora de la calidad de la enseñanza y de solución de los múltiples problemas educativos que se ven en el país. Pero eso no corresponde con la realidad, subrayó.

Ante la decisión de la SEP, el especialista consideró que lo primero que se debe hacer es bajar un poco la histeria generalizada que se ha dado por la suspensión de la evaluación magisterial.

Y si el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación plantea que la dependencia los ha hecho a un lado y ha actuado de manera inconstitucional, sus integrantes tienen dos caminos: plantear una demanda frente a la Corte porque la SEP ha asumido funciones que no le corresponden o renunciar a sus cargos porque los hicieron de lado.

Decisión política para evitar conflictos en las elecciones

Alejandro Márquez Jiménez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, manifestó que la suspensión de la evaluación fue una decisión política para evitar conflictos en el proceso electoral.

Con ello, añadió, se transgredieron la Constitución y ordenamientos de la reforma educativa que ellos mismos apoyaron, además de que afectaron el servicio profesional docente, entre otros elementos.

Se quedaron entrampados, y de nueva cuenta las cuestiones políticas afectan las decisiones que deberían ser sustentadas en aspectos educativos.

Sin embargo, descartó la posibilidad de que la polarización que provocó la suspensión de los exámenes llegue a tribunales. Probablemente después de la coyuntura electoral intentarán regularizarlos de nuevo, porque ya son principios establecidos en las leyes que se reformaron o se crearon.