La evaluación de los docentes se aplicará en el país ‘‘llueva o truene’’, advirtió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor. Agregó que quien piense lo contrario ‘‘ofende’’ al presidente Enrique Peña Nieto, al recordar que el Ejecutivo se comprometió a que no existan más plazas de maestros ‘‘espurias, vendidas y heredadas’’.

Ante integrantes del sector empresarial, el funcionario enfatizó que el éxito de la evaluación ‘‘depende de algo que pasó hace dos semanas; la sociedad se levantó para exigir el cumplimiento puntual de una norma de la reforma educativa’’, por lo que afirmó que no hay soluciones ‘‘fuera de la ley; no podemos aceptar políticas contra el derecho’’.

En cuanto al boicot anunciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra los procesos de evaluación de docentes, afirmó: ‘‘Es su decisión. Nosotros cumpliremos la ley’’.

Agregó que la SEP trasladará al Distrito Federal a ‘‘todos los que quieran venir a examinarse’’, y si no es en la capital del país, dijo, ‘‘lo haremos a estados circunvecinos, pero nadie puede obligar por la fuerza a no asumir la responsabilidad de aplicar el examen de desempeño’’.

En su mensaje a miembros de la fundación Empresarios por la Educación, Chuayffet señaló que este año, y de febrero a mayo de 2016, se someterán a diversos procesos de evaluación poco más de medio millón de aspirantes –de los cuales 350 mil son docentes en servicio que deben sumarse de forma obligatoria–, por lo que preguntó: ‘‘¿Está muerta la reforma educativa? ¿Es verdad que los maestros fueron ahuyentados por ella?’’

Maestros ‘‘robolucionarios’’

Chuayffet destacó que con la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) se obtuvieron de enero a la fecha ‘‘ahorros’’ por 10 mil millones de pesos de la nómina magisterial, al reportarse ‘‘no sólo las faltas, sino las plazas que en realidad no se desenvuelven en la práctica de la docencia’’.

Sin embargo, ironizó, ‘‘en un estado muy lejano, de cuyo nombre no quiero acordarme’’, el negocio es conseguir plazas para ‘‘venderlas, arrendarlas, y cuando se acercan por aquí y nos dicen: ‘queremos un plan de estudio revolucionario’, le cambiaría un par de letritas para decir: ‘queremos un plan de estudio robolucionario’’’.

Reconoció que no todas las entidades reportan a la SEP las ausencias laborales de los maestros. Tras la aprobación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, en mayo de 1992, recordó, los estados se convirtieron en patrones sustitutos. Algunos cumplieron muy bien la tarea, pero en otros, dijo, ‘‘la intervención de grupos, que en ocasiones nada tienen que ver con el magisterio, (…) fueron convirtiéndose en elementos de presión para obtener otro tipo de estímulos para ellos, y de esta manera seguir influyendo en la sociedad’’.

En cuanto a las sanciones a docentes, agregó que quienes tienen la respuesta son los gobernadores. ‘‘Chuayffet no puede marcarle a alguien tres faltas y cesarlo, porque esas faltas me las tiene que mandar la autoridad educativa’’.

Indicó que la SEP ya no cuenta con supervisores ni personal en todo el país, por lo que depende de la información que le envíe el patrón sustituto, pero ‘‘si éste perdona una de las tres faltas, ¿yo qué hago?’’, dijo tras insistir en que no cesa a docentes ‘‘porque no se tienen las facultades ni la información’’.

Debemos cambiar el sistema de 1992, indicó. ‘‘Que allá esté la operación del servicio, pero aquí tener los verificadores de que lo que nos mandan sea cierto para poder operar’’. Medida, que reconoció, será ‘‘difícil’’, pues requiere la modificación de diversas leyes, entre ellas la General de Educación y de Coordinación Fiscal.

Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, afirmó que son los gobernadores los responsables de ‘‘tomar las decisiones, y quien no lo esté haciendo debe responder por ello’’. Aseguró que ‘‘lo que debemos hacer es que se cumpla la ley’’.