Seguridad social que no llega a todos*

Joseph Sorrentino

No es requisito ser ciudadano estadounidense para acceder a la Seguridad Social; uno sólo tiene que haber trabajado legalmente en el país durante suficiente tiempo. Desde que los inmigrantes indocumentados recibieron amnistía en 1986, esto aplica a la mayoría de los trabajadores agrícolas de edad avanzada

María deshierbando un campo de cebolla, en Hatch, Nuevo México FOTO: Joseph Sorrentino

Israel Morales, de 44 años de edad, es uno de los miles de trabajadores agrícolas migrantes contratados para cosechar los famosos chiles de Nuevo México. Durante los cinco años recientes, Morales, quien pidió que su nombre real no fuera mencionado, ha ganado entre cuatro mil y siete mil dólares al año cosechando chiles, agachado, en los campos calurosos. Gran parte de eso lo envía a Chihuahua, México, para mantener a su esposa y sus dos hijos, estudiantes de 16 y 22 años. Su nivel de ganancia es bastante común entre los trabajadores de chile, de acuerdo con el Proyecto de Trabajadores Agrícolas Fronterizos. Pero sólo una fracción de sus ganancias fue en algún momento reportada al IRS o a la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés).

No es que Morales no lo haya intentado. Para 2012, él presentó una declaración de impuestos por un ingreso total de seis mil 791 dólares. Trabajó para dos contratistas ese año, pero ellos nunca le enviaron los formularios W2. Sin embargo, los recibos mostraron que los contratistas dedujeron de su salario neto casi 200 dólares para pagos de la Seguridad Social. “Está claro que los contratistas anotaron la deducción en un talón de pago y nunca (la) pagaron porque nunca lo registraron como empleado”, dice Sarah Rich, una abogada que trabajó durante dos años en Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) en El Paso. La situación de Morales no es inusual. Tess Wilkes, una abogada de Santa Fe que representa a jornaleros agrícolas, dice que los contratistas incurren en un sub-registro de ingresos de los trabajadores u omiten reportar el ingreso en absoluto; “esta práctica es muy generalizada”.

Tal fraude engaña no sólo al sistema de la Seguridad Social, sino también a los propios trabajadores. Los beneficios de Seguridad Social se basan en las ganancias de por vida. Cuando un contratista no reporta o sub-reporta los ingresos de un trabajador a la SSA, este fraude reducirá en última instancia los beneficios de la Seguridad Social que el trabajador recibe, o hará que éste sea inelegible por completo.

No se requiere ser un ciudadano de Estados Unidos para calificar para la Seguridad Social; sólo tiene que haber trabajado legalmente en el país durante suficiente tiempo. Desde que los inmigrantes indocumentados recibieron amnistía en 1986, eso aplica a la mayoría de los trabajadores agrícolas de mayor edad. Incluso si vinieron al país sin papeles décadas atrás, ellos han estado trabajando legalmente durante muchos años y tienen derecho a las prestaciones en su vejez.

No obstante, para calificar, un trabajador debe haber laborado 40 trimestres durante toda su vida y haber ganado un cierto mínimo cada trimestre. En 2012, ese mínimo era de mil 130 dólares por trimestre o cuatro mil 520 por año (hoy en día es mil 200 dólares o cuatro mil 800, respectivamente). Para los jornaleros agrícolas de bajos salarios, que a menudo apenas cumplen esos umbrales, no informar ni siquiera una fracción de sus ingresos puede robarles los beneficios de la Seguridad Social por completo. Si Morales no hubiera guardado sus recibos en 2012, sólo habría podido reclamar dos mil 463 en ganancias y sólo podría haber acreditado dos trimestres de trabajo, en lugar de un año completo.

Obtener crédito por ganancias no declaradas es difícil, señala Rebecca Vallas, directora de Política de la Pobreza en el Centro para el Progreso Americano y ex abogada-asesora legal en Filadelfia. “La corrección de un registro de ganancias de Seguridad Social puede ser un proceso laborioso y muy duro de realizar”, dice. “Muchas personas necesitan ayuda de un abogado, sobre todo si no tienen papeles que documenten sus ingresos”.

Margarita Ortiz y sus nietas en busca de latas FOTO: Joseph Sorrentino

Para presentar con fuerza el caso a la SSA, los trabajadores migrantes deben conservar la documentación de sus ingresos –normalmente recibos de pago– y hacerlos coincidir con su W2. Pero los trabajadores agrícolas dicen que es común que no les entreguen los recibos.

Cuando los jornaleros obtienen los recibos, son por lo general pequeños pedazos de papel que se arruinan o pierden fácilmente. Morales es uno de los pocos trabajadores agrícolas que ha sido diligente y los guarda. Durante años, ha estado recogiendo sus talones de pago, los coloca cuidadosamente en una bolsa de plástico en su mochila y luego los deposita en su único espacio de almacenamiento, un pequeño armario de metal en Sin Fronteras, un refugio de migrantes en El Paso, Texas, que él llama hogar. Sarah Rich, quien representó a Morales cuando fue abogada en TRLA, lo califica como “el campesino más organizado que he conocido”.

“Él está preocupado por el riesgo de no sumar suficientes trimestres de Seguridad Social”, dice de Morales. En teoría, con sus 45 años de edad, tiene un montón de tiempo para hacer el corte, pero si los contratistas siguen sin reportar sus ganancias, él podría tener razón para preocuparse.

La pérdida de la elegibilidad del Seguro Social es sólo el comienzo. Ingresos no declarados o sub-registrados conducen a una serie de problemas adicionales para los jornaleros de bajos ingresos. Debido a que el trabajo agrícola es esporádico, muchos dependen de las prestaciones por desempleo y de devoluciones de impuestos para sobrevivir en los periodos de vacas flacas, invierno y primavera, cuando es difícil conseguir trabajo.

Los requisitos para obtener ayuda por desempleo varían de estado a estado, pero establecen normalmente haber trabajado por lo menos dos trimestres de los 12 meses previos, y los beneficios se calculan con base en los ingresos totales del trabajador durante ese periodo. Los ingresos también deben estar por encima de un mínimo definido, dice Soberein Hager, un abogado del Centro de Nuevo México para el Derecho y la Pobreza. “Si tus salarios son sub-reportados, es posible que no seas elegible”.

Cuando Morales solicitó ayuda por desempleo en 2013, se consternó al ver que era considerado inelegible. Cuenta la historia con su voz suave, con frases recortadas rápidas y palabras a menudo tragadas por su generoso bigote. “Cuando fui para el desempleo, no había nada”, dice. “Los contratistas no reportaron nada”.

Debido a que los dos contratistas para los que trabajaba no reportaron sus ganancias, recibió una carta diciendo que carecía de suficientes ingresos para calificar. Se le negaron los beneficios de desempleo en 2012 por la misma razón.

Los problemas no terminan ahí. Según Ray Vigil, un especialista en asuntos públicos y en la presentación de reportes salariales en la oficina de SSA en El Paso, el sub-registro de ingresos puede reducir el monto que una persona recibe si es discapacitado por un accidente relacionado con el trabajo, y cuando muere, puede reducirse la cantidad que su familia recibe como prestaciones de supervivencia. Y aunque el seguro médico que brinda el Estado no se basa en los ingresos, sino en trimestres trabajados, cualquier persona que no se acumule 40 trimestres es inelegible para la Parte A de seguro médico libre, que cubre la atención hospitalaria.

Sin rastro de papel. El trabajo agrícola es un sistema extremadamente informal. Los productores rara vez contratan a su propia fuerza de trabajo; incurren más bien en la externalización de la contratación (el outsourcing) y en la nómina de contratistas. La paga es casi siempre en efectivo. “Es el sector más informal, del que menor número de documentos se recibe, y el menos viable para presentar al gobierno un registro coherente de su ingreso anual”, dice Sarah Rich, la ex abogada en TRLA.

José recolectando chile en Hatch, Nuevo México FOTO: Joseph Sorrentino

Esta informalidad es una receta para la evasión fiscal y el fraude. Según el IRS, el pago en efectivo es uno de los métodos más comunes que los empleadores utilizan para evitar reportar apropiadamente sus ingresos y así evadir los impuestos sobre la renta y de empleo. Estas prácticas parecen ser muy comunes en los campos agrícolas de Estados Unidos.

Según Ray Vigil, de la oficina de SSA de El Paso, el IRS pide a los contratistas emitir formularios W2 por cualquier trabajador que gane por lo menos 150 dólares al año, o para todos sus trabajadores, si los costos laborales anuales totales superan los dos mil 500 dólares. Incluso los contratistas de más pequeña escala están en condición de llegar a esos umbrales. Sin embargo, cuando In These Times preguntó a diez jornaleros basados en El Paso si tenían problemas para obtener correctamente los formularios W2, nueve dijeron que normalmente no reciben todos sus W2 o que reciben formularios W2 que reportan menos ingresos de lo que realmente obtienen. El único trabajador que dijo que nunca había tenido un problema con W2 labora para contratistas que son amigos personales de él.

La mayoría de los agricultores en el suroeste y a lo largo de todo el país confían en los contratistas para que les proporcionen mano de obra para sus granjas, pero una granja en el sur de Nuevo México donde Roberto González sirve como supervisor es una rara excepción. La granja utilizó contratistas durante muchos años hasta que, dice, “vimos que el sistema no estaba funcionando”. Él accedió a hablar en detalle acerca de los contratistas, pero pidió el anonimato (usamos un nombre ficticio); dijo estar preocupado por el riesgo de enfrentar problemas con contratistas o con otros agricultores.

González dijo que cuando él hizo uso de contratistas, simplemente le informaban cuántos trabajadores estaban en el grupo y González entregaba un cheque para cubrir salarios, Seguridad Social, otros costos y honorarios de los contratistas. Los contratistas cobraban el cheque y pagaban a los trabajadores agrícolas en efectivo. Él nunca corroboró que estuvieran dando recibos. “No te puedes meter en eso”, dice. “Es su negocio”. Periódicamente él hacía comprobaciones sobre el número de trabajadores, y así fue como descubrió que un contratista le estaba cobrando por jornaleros “fantasmas”. De cualquier forma, continuó utilizando contratistas hasta que su granja recibió una carta del IRS que indicaba que la Seguridad Social y los impuestos de sus trabajadores no habían sido pagados. El dinero que él había incluido para cubrir esos pagos fue a parar simplemente al bolsillo del contratista, supuso. La granja tuvo que pagar los impuestos de Seguridad Social de nuevo, y fue entonces cuando González decidió contratar directamente a los trabajadores. Cuando se le preguntó si sabía de algún contratista de buena reputación, respondió: “Yo no podría mencionar uno”.

Juan López, otro trabajador agrícola de Nuevo México, tiene pruebas contundentes de que contratistas han estado robando sus pagos a la Seguridad Social. López, de 40 años, quien pidió que su nombre real no se utilizara, cuenta con todos sus recibos de pago a partir de 2013. Éstos muestran que un contratista le pagó 713 dólares y retuvo 55 para Seguridad Social y seguro médico del Estado. Ese contratista le envió un W2, mismo que reportaba sólo 464 dólares de pago al trabajador y sólo 35 a la SSA. “La inferencia lógica es que el empleador estaba embolsándose la diferencia”, dice María Martínez Sánchez, abogada de Albuquerque que ha representado a los trabajadores del campo durante muchos años. Un segundo contratista retuvo 30 dólares en deducciones de Seguridad Social de la paga de López, pero nunca le envió un W2. A lo largo de una temporada, un contratista podría contratar a decenas de trabajadores, por lo que estos pequeños robos podrían ascender a una suma considerable. López señala que para hacer su declaración de impuestos de 2013 pidió a los contratistas los formularios W2 pero nunca recibió la mayor parte de ellos.

El Crédito por Ingreso del Trabajo, que establece la devolución de impuestos para los trabajadores pobres, está vinculado a las ganancias con un tope en el monto: mientras menores sean los ingresos reportados, menor será el reembolso de impuestos. El total de los ingresos de López en 2012 debió haberle implicado un reembolso de 475 dólares, pero lo que realmente reportaron sus contratistas generó un reembolso de tan sólo 189. “Eso es para la casa”, dice López. “Para mis hijos”. En los años en que el reembolso es más pequeño de lo que debería, dice, “hay menos dinero para todo”.

Una jubilación de trabajo. Dos veces a la semana, Antonio Zubía Hernández, de 65 años, atraviesa el Puente Santa Fe de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, México, donde puede comprar cigarrillos por sólo 3.25 dólares la cajetilla. Es un residente legal de Estados Unidos que trabajó durante 29 años en los campos agrícolas del suroeste de Estados Unidos. Ahora, él pasa sus noches en el refugio Sin Fronteras y sus días sentado enfrente vendiendo cigarrillos “sueltos” a otros trabajadores agrícolas para complementar el cheque mensual de 338 dólares que recibe de Seguridad Social.
En la mayoría de los años, promedió seis meses de trabajo a tiempo completo en los campos; a veces también encontró trabajo fuera de temporada. Puede recordar sólo a dos contratistas que le dieron formularios W2 correctos. Una revisión de su registro de ingresos en la Seguridad Social muestra que sus salarios muy probablemente fueron sub-reportados en al menos 19 de sus años de trabajo –a veces por unos pocos cientos de dólares, a veces por más de tres mil–. Al igual que otros trabajadores agrícolas entrevistados para este reportaje, Zubía Hernández nunca se quejó. “Sé que los trabajadores que lo hicieron se quedaban sin trabajo”, dijo.

Un campo de cebolla, Hatch, Nuevo México FOTO: Joseph Sorrentino

Sin embargo, Vigil dice que la SSA no puede iniciar investigaciones a menos que una persona presente una queja. E incluso así las posibilidades de conseguir una compensación son escasas. “No somos una agencia policial”, dice Vigil. Si hay evidencia de que un empleador no informa adecuadamente retenciones de la Seguridad Social, la SSA entra en contacto con el empleador para interrogarlo. “Muchas veces no tenemos éxito”, dice. “No podemos obligarlos a presentar esa información”.

Los raros casos en que el fraude es evidente son turnados por la SSA a la IRS. No está claro en qué proporción se les da seguimiento. Bill Brunson, del área de Relaciones con los Medios de IRS, se negó a responder a las preguntas, me refirió en cambio a un sitio web del IRS que muestra que, en el año fiscal 2013 la agencia completó 140 investigaciones sobre evasión de impuestos de empleo en todo el país, lo cual resultó en 78 acusaciones. Ninguna involucró empresas agrícolas o contratistas.

Un análisis realizado por Marc Goldwein, director de Política en el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, encontró que si Zubía Hernández hubiera sido acreditado por lo menos seis meses de trabajo de salario mínimo a tiempo completo cada año, sus beneficios de Seguridad Social serían cercanos a 440 dólares por mes, o alrededor de mil 200 por año más de lo que recibe actualmente. En su caso particular, como ocurre con muchos trabajadores estacionales con bajos salarios, el déficit se compensa por SSI, un subsidio financiado por los contribuyentes para los pobres. (Zubía Hernández actualmente recibe 172 dólares al mes en SSI; si sus beneficios de Seguridad Social se incrementaran en cien dólares, su suplemento de SSI se reduciría en consecuencia.)

Sin embargo, SSI restringe la elegibilidad de los no ciudadanos, explica Kathy Ruffing, una experta de la Seguridad Social en el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, de modo que esta red de seguridad no está disponible para todos los jornaleros que trabajan en Estados Unidos legalmente. Y algunos trabajadores agrícolas ganan lo suficiente para merecer los beneficios de la Seguridad Social, muy por encima de umbral del suplemento de 721 dólares del SSI, por ejemplo aquellos que trabajan fuera de temporada y en promedio ganan más de diez mil dólares actuales al año. Zubía Hernández obtuvo ingresos de 12 mil 500 dólares un año y de 22 mil en otro; si él ganó así durante toda su vida laboral, la insuficiencia crónica de sus empleadores para reportar sus ingresos representa un déficit significativo en los beneficios para su vejez.

Margarita Ortiz, de 62 años fue jornalera en Nuevo México durante 35 años, trabajando semanas de 40 horas durante el apogeo de la temporada de cosecha. Ella dice que nunca recibió formularios W2; sus beneficios de Seguridad Social ascienden a sólo 200 dólares al mes. El dinero es escaso. Su presión arterial alta le impide seguir trabajando en los campos. Sin opción, Ortiz se dedica ahora a colectar latas de aluminio.

Cada día, cuando los trabajadores deben regresar a los campos, Ortiz camina al refugio Sin Fronteras y se acerca a los autobuses y camionetas que llegan. Algunos trabajadores guardan sus latas para ella; otros tiran algunas en la acera o en las calles. Con la ayuda de su nieto, recoge estas latas y busca más en los botes de basura. Ella cobra las latas una vez a la semana. Su último recibo muestra que entregó 13 kilos y recibió 16 dólares a cambio. “No es suficiente”, dice con tristeza, “pero ¿qué puedo hacer?”

José Martínez Barranco ha pasado décadas en el trabajo agrícola en Colorado y, más recientemente, en los campos de chile de Nuevo México. En su mayor parte, no recibió los recibos o formularios W2. Ahora, con 62 años de edad, recibe sólo 240 dólares al mes en beneficios de Seguridad Social. Él cree que sus pagos serían mucho mayores si sus ingresos hubieran sido reportados correctamente. “No puedo descansar”, dice. “Tengo dos hijos que cuidar, así que tengo que trabajar”. Durante la cosecha de chile, todavía pasa de ocho a diez horas al día en sus rodillas, bajo un sol caliente. Si tiene suerte, él ganará entre 30 y 40 dólares netos por día.

Estas víctimas del fraude y la evasión fiscal se ven obligadas a trabajar hasta cansarse. “A menos que tengan hijos que los apoyen, ese es su plan de vida”, dice Rich, la ex abogada de TRLA.

* Este artículo fue publicado originalmente en In These Times; es un reporte en asociación con with
The Investigative Fund at The Nation Institute, con apoyo adicional de Puffin Foundation.

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