El juez federal Guillermo Campos admitió este martes a trámite la solicitud de un grupo de ahorradores de Ficrea, quienes pidieron al juzgador que el proceso de liquidación de la Sociedad Financiera Popular se convierta en un concurso mercantil.

Se consideró que los promoventes en su calidad de acreedores cuentan con legitimación para demandar la declaración de concurso que pretenden como derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, dijo el juez Campos. Añadió que los ahorradores justificaron además la presunción de incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 11 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Aunque no era muy factible que el titular del juzgado decimocuarto de distrito en materia civil admitiera la petición de los defraudados, dado que la Ley de Concursos Mercantiles sólo le da legitimación para reservarse ese derecho de petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el juez dictó la resolución amparado en las recientes reformas al marco constitucional, específicamente el principio pro homine, que otorga mayores beneficios legales a las entidades colectivas cuando se trata de protección a derechos fundamentales.

A la par con el auto de admisión que emitió el juez Campos, también notificó una serie de medidas precautorias a la CNBV para conservar la masa de bienes de Ficrea.

El auto de admisión a trámite de la demanda de los ahorradores de Ficrea no significa que ya les haya dado la razón. Si el juez declara procedente el concurso –para lo cual recabará pruebas y la opinión de los administradores–, el proceso empezará de inmediato en la etapa de quiebra.