ntre las cargas inútiles que nos ha heredado el sistema político autoritario en México se encuentra el tripartismo, que consiste en una forma de representación y de gobierno en que participan trabajadores, patrones y el propio Estado. Se trata de un resabio del corporativismo, porque más que involucrar las opiniones de los sectores productivos, es un medio de control que se ejerce desde el Estado, ya que su voluntad es la que finalmente se impone; se trata también de una especie de teatro donde se hace aparecer una conciliación de intereses, que es inexistente.

El tripartismo está presente en diversos organismos públicos. En el IMSS, a escala de su consejo técnico, en la Comisión Nacional para el Retiro de los Trabajadores en una dimensión menor, en las juntas de Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las decisiones deberían tomarse por los representantes de los tres sectores; sin embargo, en la práctica, la representación obrera y patronal carecen de importancia. Por ello en el mundo laboral se suele afirmar que son como la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero.

El tripartismo no sólo es innecesario, sino que se ha convertido en un obstáculo para el adecuado funcionamiento de las instituciones y en un factor de costo cuyos recursos desperdiciados en esta simulación, podrían ser utilizados para cumplir de mejor manera la función de estas instancias.

En el caso del IMSS, carece de sentido el andamiaje que conforma el consejo técnico. Es conocido que los representantes gremiales, más allá de no importarles la mejora de la institución, tienen como preocupación principal administrar contactos y relaciones en favor de sus intereses personales, gozar de sus privilegiados salarios y mantener una burocracia a su servicio. ¿Cuándo se vio que dichos representantes advirtieran de los problemas del IMSS que hoy lo tienen en grave riesgo?

En cuanto a las juntas de Conciliación y Arbitraje, cualquiera que tenga contacto con ellas sabe que la representación obrera está de adorno, salvo muy pocas y honrosas excepciones. Se limita a firmar documentos que no han sido producto de la voluntad compartida, sino de la decisión estatal y patronal, particularmente en los temas colectivos. No hay tiempo ni interés para considerar su opinión, además de que muchos de los representantes carecen de capacidad para opinar porque su designación ha sido esencialmente producto de un dedazo, un premio. Cuando intervienen, es porque tienen un interés particular en el asunto y negocian con las autoridades el sentido de la resolución, a cambio de dar su consentimiento a otros casos. En suma, es un mito la autonomía de esta institución, por lo que compartimos la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, expresada el pasado 9 de julio: Todos sabemos que sin independencia el juez es cualquier cosa menos un juez, será el escri­biente de alguien, el mandadero de alguien, pero no un juez.

En los estudios que se han llevado a cabo sobre los procesos laborales se ha identificado claramente uno de los factores que provocan su lentitud: la necesidad de cumplir con las exigencias formales de este tripartismo; es común escuchar la frase disculpe, el expediente está en firma. No ha venido el representante obrero o patronal.

El costo de esta figura tripartita constituye otra razón para suprimir la presencia innecesaria de representantes gremiales. Todos ocasionan gastos y reciben salarios que podrían ser utilizados para mejorar el presupuesto de los tribunales de trabajo que se encuentran en condiciones difíciles y para financiar la transformación de estos órganos de justicia en auténticos tribunales imparciales y autónomos, un reclamo creciente de la sociedad. Por la falta de recursos, el pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha llegado al extremo de aprobar una medida de cuestionada legalidad, consistente en que los cuantiosos recursos depositados ante ella por patrones y trabajadores, sean invertidos en instituciones financieras para que los intereses que generen se utilicen no para los dueños de los recursos depositados, lo cual sería lógico, sino para financiar las necesidades de mantenimiento y equipo del propio tribunal.

El Presidente de la República encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar recomendaciones en materia de justicia cotidiana, esto es, de aquellos procesos más cercanos a la gente. El estudio del CIDE concluido este año, incluyó varias ramas del derecho y confirmó conclusiones que se han venido planteando en el pasado. En el punto relativo a la operación de las juntas de Conciliación y Arbitraje señaló: “existe un consenso relativamente amplio respecto a que su desarrollo actual no es idóneo y que presentan graves problemas de operación… Una de las primeras tareas sería revisar la estructura tripartita de las juntas y su eventual incorporación a los poderes judiciales”.

En la misma línea años atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un amplio diagnóstico sobre el sistema de justicia, formulando recomendaciones en un denominado libro blanco. En relación con las juntas laborales planteó la misma conclusión, consistente en la necesidad de contar con una justicia laboral imparcial, autónoma y eficiente. Hace tan sólo dos semanas, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, se planteó esta exigencia por distintos organismos. Destacó la posición del gobierno de Estados Unidos, el cual, refiriéndose a las juntas, señaló: Es hora de que el gobierno de México transfiera estas funciones a la rama judicial o alguna otra entidad independiente.

En relación con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es pública y notoria su inutilidad. Sus resultados están a la vista: uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, lo que ha provocado que en varias ramas de industria las remuneraciones se encuentren 20 por ciento debajo de las que se cubren en China. La incapacidad de esta comisión para renovarse ha sido evidente, con la enésima relección de sus integrantes.

¿Cuándo superaremos esta costosa y dañina simulación?