a semana del 6 de julio del año en curso atendí una invitación para participar en la ciudad de Washington en una serie de reuniones con algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, integrantes del grupo progresista del Partido Demócrata, así como del Departamento (Secretaría) del Trabajo y el representante de Comercio del gobierno estadunidense encargado de los asuntos laborales. Los encuentros con políticos y legisladores fueron coordinados por AFL-CIO, Federación Estadunidense del Trabajo y el Sindicato de Trabajadores del Acero.

Fueron tres días intensos de trabajo y de explicaciones derivadas de las fuertes dudas y cuestionamientos sobre la violación a los derechos laborales y humanos en México y las condiciones que nuestro país debe reunir para ser aceptado como parte de las 12 naciones que próximamente constituirán el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP, por sus siglas en inglés).

Sin duda hay gran preocupación de estos grupos sobre la situación real que prevalece y la violación de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos de la población mexicana en su conjunto, frente a este nuevo reto del gobierno mexicano, particularmente a la luz de los resultados negativos para la clase trabajadora, después de las promesas y alcances del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que 20 años después han producido mayor explotación, marginación y pobreza.

Hoy en México existe un sistema que actúa contra la libertad de asociación y de organización de los trabajadores, que se basa en los contratos de protección patronal, los cuales mantienen a los miembros del sector laboral en la pobreza, las amenazas y el temor de ser sancionados o despedidos. Esa forma de explotación funciona con base en acuerdos privados que seudolíderes sindicales firman con empresarios que buscan someter a los trabajadores bajo su control, negándoles el derecho a la contratación colectiva y a pertenecer al sindicato de su preferencia, así como a elegir libremente a sus verdaderos dirigentes.

Ese sistema es de protección patronal, no laboral, y en la práctica, una vez que se suscriben los acuerdos respectivos en los términos que las empresas deciden, los supuestos líderes reciben dinero y prebendas para imponer esas nefastas condiciones a los propios trabajadores a cuyas espaldas firmaron. Después los corruptos líderes van a obligar a quienes se supone que representan, con la amenaza de que acepten tales condiciones o están despedidos y boletinados en listas negras, para que nadie los vuelva a contratar. Por supuesto, la necesidad económica hace que quienes prestan sus servicios acepten ese humillante contrato colectivo, si es que existe, con salarios y condiciones de trabajo denigrantes, así como a líderes a quienes detestan y a quienes nunca eligieron.

Desafortunadamente, 90 por ciento de los contratos de protección patronal que existen en el país están en manos de la CTM, la CROC y la CTC. Incluso el gobierno estadunidense lo ha denunciado ante organizaciones de índole mundial como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha demandado una verdadera reforma laboral que proteja los derechos de los trabajadores en México y sustituya a las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales o cualquier otra forma o institución que garantice la libertad sindical, o que sea ajena al Poder Ejecutivo y pase a ser del Judicial, para que actúe con mayor autonomía del gobierno.

En relación con los contratos de protección, el gobierno de Estados Unidos ha hecho llamados para que se establezca una cláusula que requiere demostrar que el empleador es operacional y tiene la condición de que los trabajadores apoyan y están de acuerdo en el contrato colectivo de trabajo, antes de que sea depositado. Por lo que se refiere a las juntas de conciliación y arbitraje, los estadunidenses han declarado que es tiempo que el gobierno mexicano transfiera esas funciones al Poder Judicial o a alguna otra entidad independiente que asegure una representación honesta de los trabajadores y una justa y completa administración y ejecución de la ley laboral y la resolución de las disputas.

Ante los congresistas estadunidenses insistí en que esas reformas de la ley laboral mexicana sean precondiciones para la aceptación de México en el Acuerdo Transpacífico, con el fin de que los beneficios de este acuerdo sean compartidos con la clase obrera, como no ha sido el caso del TLCAN.

Aunque estos cambios serían un avance de realizarse en la línea descrita, todavía estarían muy lejos de lo aceptable. México no puede esperar 20 años más para darse cuenta de que la manipulación, el engaño y la corrupción han generado mayor explotación, pobreza y pérdida de los derechos laborales y humanos. En este momento no sabemos si la población del país soportará de nueva cuenta otra situación así, pero tampoco si el TPP sea un nuevo fracaso de graves e impredecibles consecuencias.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y los miembros progresistas del Partido Demócrata han declarado con relación a la protección de los trabajadores que debe prohibirse el trabajo infantil y el forzado, que se requiere establecer un salario mínimo justo y digno, que se prohíba la discriminación en los centros de trabajo, que se respeten los derechos de los trabajadores a la contratación colectiva y a formar parte de los sindicatos que ellos elijan y aplicar sanciones comerciales fuertes a los países que violen los derechos de los trabajadores.

Los participantes en las reuniones antes descritas, igual que la clase trabajadora democrática del país y la mayoría de la población, esperamos que el gobierno de México no sólo coincida con estas tareas, sino que las respete y las adopte estrictamente por el bien y el futuro de la nación.

En solidaridad y dignidad con los compañeros mineros de las secciones 17 de Taxco, Guerrero, 65 de Cananea, Sonora, y 201 de San Martín Sombrerete, Zacatecas, que hoy cumplen ocho años en huelga contra Grupo México.