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El origen de la violencia
D

ijo Osorio Chong: No será con violencia o enfrentamientos como se eleve la calidad educativa en el país, sino con la presencia y el trabajo en el aula. Lo saben bien los maestros. Pero aunque lo diga, no parece saberlo el secretario de Gobernación. Tampoco lo sabe el Presidente de la República. Ni el gobernador de Oaxaca. Comparten una mentalidad bélica, como la que exhibió Gabino Cué cuando presumió de su ejército de esquiroles para sustituir a maestros en resistencia.

El 25 de julio pasado, confiados en que la sección 22 caería en la trampa de sus provocaciones, trajeron a Oaxaca más de 10 mil efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería. Con fino sentido del humor, los instalaron aparatosamente en la calle de los Derechos Humanos y el gimnasio Flores Magón.

Al reclamar esa ocupación agresiva de la ciudad, el Consejo Ciudadano de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca señaló a las autoridades “que los estados de fuerza no son convenientes para la gobernabilidad ni la buena gobernanza…, máxime cuando la comunidad oaxaqueña no olvida la respuesta represiva y autoritaria que el régimen estatal y el municipal aplicaron a los movimientos sociales de 2006 y 2007”.

El comandante de la Policía Federal conocido como Espartaco, apodo enteramente inadecuado para su fama, dirige el operativo de seguridad para resguardar las instalaciones del clausurado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo). Señaló al llegar que estaban resguardando el orden (roto con la clausura) y que permanecerían en el lugar para enfrentar cualquier protesta de la sección 22 y para que se cumplieran las instrucciones de los funcionarios. Tenemos todo, estamos preparados hasta por el respeto a los derechos humanos.

La referencia a los derechos humanos tiene contexto claro. En 2007, la Suprema Corte designó una comisión para investigar la suspensión de hecho de las garantías constitucionales ocurrida en 2006 en Oaxaca, pues las autoridades las violaron gravemente y las corporaciones policiacas afectaron a gran número de personas en forma cruel e inhumana, produciendo lesionados, torturados y muertos. En 2009 la Corte reconoció en un dictamen que vivimos en un régimen en que la fuerza pública actúa de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente. Como el Estado utiliza a las corporaciones policiacas de manera irresponsable y arbitraria, sostuvo, “de nada sirve que se reconozca, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados… las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”. Parecía una denuncia. En realidad, era confesión de identidad: la Corte forma parte de ese régimen. Aclaró en seguida que sería ilusorio esperar de ella justicia, porque no es esa su función. Al presentar su dictamen sobre Oaxaca afirmó que las autoridades pueden y deben violar las garantías constitucionales, suspendiéndolas por tiempo indefinido. Extendió así certificado de impunidad a quienes las violaron. Consideró que su uso de la fuerza pública fue legítimo, aunque tardío, y que el movimiento social había sido el único responsable de los desaguisados.

Para la Corte son culpables, antes de cualquier proceso legal, los inconformes, los insumisos, los ciudadanos que usan todas las vías legales e institucionales y pasan a la acción directa sólo cuando éstas quedan agotadas. Se trata de una postura jurídicamente aberrante, técnicamente ridícula, éticamente insoportable y políticamente criminal. Estamos en un estado de excepción no declarado, que da forma legal a lo manifiestamente ilegal.

Hasta ahora los maestros han hecho fracasar todos los operativos contra ellos, sin caer en las trampas que les tienden. El 27 de julio mostraron notable autocontrol en una gran marcha. Después se acercaron ordenadamente a las instalaciones que resguarda Espartaco para realizar los trámites requeridos. En sus asambleas para definir estrategias recuerdan con orgullo que el movimiento magisterial existió por más de una década sin cuotas sindicales ni Ieepo y que éste fue creado en 1992 para que gobierno y maestros se ocuparan conjuntamente de la educación, no para dar prebendas. Es cierto que la sección 22 quedó atrapada en la vorágine de corrupción y violencia autoritaria de los siguientes gobernadores, particularmente Murat y Ruiz. Es cierto que muchos pueblos y ciudadanos repudian hoy a los maestros por sus corruptelas, ausencias y estrategias de lucha, y que muchos maestros merecen ese repudio. Pero no los dejarán solos. La agresión que ahora sufren podrá unirlos de nuevo a la gente y preparar su renacimiento.

Para dialogar, decía Machado, escuchar primero. Después, escuchar. Y escuchar no es solamente oír: es estar dispuesto a ser transformado por el otro. En Oaxaca, tanto el gobierno estatal como el federal piensan que dialogar consiste en dar órdenes, con Espartaco a la puerta: Nada hay que negociar, subrayaron Chuayffet y Cué.

Como dice Osorio Chong, la sociedad se construye en el hogar y la escuela. También se construye en la calle. Pero no en el callejón de los trancazos al que el gobierno incita, sino en el camino de la transformación organizada. La lucidez, serenidad y capacidad de gobierno que tanta falta hacen en las esferas gubernamentales se empieza a demostrar hoy en la sociedad oaxaqueña, incluyendo a la sección 22. Luchamos en el hogar, la escuela y la calle. No cejaremos hasta terminar la ocupación militar y policiaca de Oaxaca y establecer, al fin, un orden democrático.