A un año del derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, niños y mujeres siguen padeciendo enfermedades de la piel a causa del uso e ingesta del líquido de estas afluentes; en tanto, autoridades estatales y federales continúan encubriendo la negligencia criminal del consorcio de Germán Larrea y no lo han obligado a cumplir sus compromisos, denunció la sección 65 del sindicato minero, en Cananea.

El gremio grabó en video las revisiones médicas que realizan especialistas de la Universidad de Sonora a habitantes del Ejido La Victoria que presentan severos daños cutáneos, quienes dicen consumir el agua de los pozos de la región.

A pesar de las evidencias de los daños, médicos pagados por la empresa aseguran a los pobladores afectados que no tienen nada, que les aparecen erupciones por problemas sicológicos, lo que es inaudito e inhumano, aseveró el gremio.

La sección 65 detalló que se mantiene la emergencia entre los pobladores. Evidentemente, añadió, el agua de los ríos no ha sido descontaminada, además de que la empresa no ha cumplido ninguno de sus compromisos y ni siquiera ha indemnizado a todos los afectados. Es decir, siguen impunes los graves delitos ambiental, económico, contra la salud y social que cometió Grupo México.

Expuso que el consorcio violentó las normas NOM-150 de la Secretaría de Medio Ambiente; 001-ECOL-1996 de aguas residuales; 127-SSA1-1994 de salud ambiental; NOM157 sobre residuos mineros y muchas más, pero sobre todo está atentando contra la salud y la vida de los pobladores, que es la máxima irresponsabilidad patronal. Sin embargo, señaló, no ha habido consecuencias legales para la empresa.

La información documental difundida por esta sección puntualiza que la doctora Reina Castro Longoria ha identificado varias personas con nuevas afectaciones. La catedrática de la Universidad de Sonora sugiere que es necesario realizar análisis de laboratorio para detectar la presencia de metales pesados en la sangre de pobladores de las zonas cercanas a los referidos ríos.

Detalló que al menos 23 mil personas usan y consumen el agua de la zona. Precisó que el costo de los análisis es elevado, pues se tendría que buscar arsénico en la sangre. Expuso que también los afluentes deben ser sometidos a nuevos análisis, porque a un año de la mayor tragedia ambiental de Sonora y del país, los casos no cesan de aparecer.

Para esta sección es muy vergonzoso que les digan a los afectados que son reacciones sicológicas, que tienen problemas mentales.