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La legislación de desaparición forzada se discute en el Senado

Exigen ONG que la ley permita ingresar a cuarteles militares en búsqueda de víctimas
 
Periódico La Jornada
Jueves 6 de agosto de 2015, p. 10

Organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron un llamado para que la ley de desaparición forzada, que se discute en el Senado, permita abrir los cuarteles militares para la búsqueda de víctimas, así como lo contempla la legislación del estado de Morelos.

Lo anterior cobra relevancia porque a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos les han negado sistemáticamente el testimonio de aquellos soldados que tuvieron acercamiento con los jóvenes antes de ser levantados en Iguala, Guerrero, señaló en conferencia de prensa Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Aprobado apenas el pasado 15 de julio, el ordenamiento local indica que en cualquier lugar, ya sea público o privado donde se presuponga que se cometió una desaparición forzada o que tenga relación con los hechos, el propietario o responsable tendrá la obligación de dar acceso a las autoridades, a los familiares y a las personas que acompañan los casos, explicó Paloma Estrada Muñoz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

José Luis Luna Torres, uno de los estudiantes desaparecidos, es originario de aquella entidad, por eso para nosotros es de suma importancia que con una ley podamos hacer que se abran los cuarteles o los lugares donde posiblemente se esté privando de la libertad a las personas, apuntó la activista.

En Morelos, la desaparición forzada se ha sufrido desde los años 70, con la llamada guerra sucia, abundó Fernando Ríos.

Por su parte, Paloma Estrada informó que de 2013 a 2014 han documentado 92 víctimas, de las cuales 42 son mujeres.

La legislación aprobada por el Congreso local es única en su tipo y es modelo de atención, aseguró el secretario ejecutivo de la Red TDT, porque al tipificar el delito como desaparición forzada se señala la responsabilidad del Estado, que es quien muchas veces comete ese crimen.

Recordó que la Secretaría de Gobernación realiza una consulta para elaborar un proyecto de ley de búsqueda de personas no localizadas.