Afectaciones en territorio mapuche
El espejismo de la consulta indígena

Víctor Guillou Vázquez

El 14 de julio se aprobó el proyecto hidroeléctrico Añihuerraqui, en Currarehue, a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, y como pocos otros proyectos energéticos cumplió con los procedimientos necesarios para contar con la visión de las comunidades indígenas afectadas. Aunque dichas comunidades no entregaron su consentimiento por completo, el proyecto sigue adelante a contrapelo del sentir local.

La Central Hidroeléctrica Añihuerraqui es propiedad de la empresa GTD Negocios SA, que junto a la transnacional española Enhol, invertirá unos 22 mil millones de dólares en construir dos centrales de paso que, sin regulación de caudal, generarán cerca de 9MW en el estero del mismo nombre del proyecto.

El plan llevaba varios años de gestiones, e incorporó en su tramitación ambiental el proceso de consulta indígena, por la resistencia de varias de las comunidades mapuche ubicadas en las cercanías, y que tienen relevantes actividades religiosas en el río Añihuerraqui. Al menos dos de ellas son afectadas directamente: la comunidad Camilo Coñoequir, que durante las negociaciones con GTD en 2010 se dividió a la hora de entregar su respaldo al proyecto, creándose la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, que agrupa a unas 30 familias que participan directamente en la principal ceremonia religiosa mapuche, el nguilltaún. Construir la hidroeléctrica afectará directamente al nguilltuwe, un lugar sagrado para los afectados.

Además, hay otro par de comunidades ubicadas al otro lado del río, que no son directamente afectadas por el área de influencia del proyecto, que participaron en la consulta sumándose al grupo contrario al proyecto.


La banda de Amatepec (plata sobre gelatina, original virado a sepia).
Foto: Bulmaro Bazaldúa

La oposición se fundamenta en que las medidas de mitigación, reparación y/o compensación, respecto de las significantes afectaciones al medio humano y en especial respecto de las afectaciones a sus manifestaciones espirituales y derechos religiosos son “improcedentes y no han sido acordadas con la comunidad ni con sus autoridades tradicionales, en particular con el Logko”, consagra el documento de la Resolución Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.

Los antecedentes constan en el expediente del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y dejan de manifiesto que, incluso cumpliéndose con el proceso de consulta indígena, las comunidades afectadas no lograron frenar el desarrollo del proyecto.

Son tres los tipos de alteraciones significativas que tendrá el proyecto en las comunidades, que salieron a la luz durante el proceso de evaluación ambiental: su dimensión antropológica, su dimensión de bienestar social básico, y “la proximidad de población protegida”, en especial porque la futura casa de máquina del proyecto se encuentra a unos 300 metros de distancia del nguillatuwe. Al constatar los efectos, el SEA ordenó la realización de la consulta en noviembre de 2013.

La construcción de la central hidroeléctrica afectará directamente anguilltuwe, lugar donde se lleva a cabo la ceremonia, y que es considerado como un lugar sagrado para los afectados.

Aunque durante el proceso de observaciones se insistió en la importancia que tienen las autoridades ancestrales y sus instituciones y ceremonias, la normativa aplicada durante el proceso de consulta no permitió el veto de la comunidad, aun cuando el artículo 25° de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, complementario al Convenio 169 que creó la consulta, considera que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”.

Para Hernando Silva, coordinador Jurídico del Observatorio Ciudadano y asesor técnico de las comunidades, el caso de la central Añihuerraqui constituye una “farra” por parte del Estado al validar la consulta indígena como mecanismo que permita una protección efectiva de las comunidades.

“La gente decidió hacer uso de las vías institucionales. Se hizo el proceso de consulta que, a nuestro entender, fue bastante decente y se hizo en consideración con los estándares internacionales, con un diálogo fluido, pero no se llegó a un acuerdo. No existe forma de mitigar el daño que se genera a las comunidades, en el ámbito cultural, por la instalación del proyecto”, dijo el jurista a eldesconcierto.cl.

Silva explica que durante el proceso de consulta se hizo evidente que “el Estado se ampara en la legislación interna, y afirma que un proceso de consulta no significa un derecho a veto, y que la finalidad es llegar a un consentimiento, como lo establece el Convenio 169″, indicó.

Como asesor de las comunidades asegura que “la hidroeléctrica es incompatible con la forma de ver el mundo desde la religiosidad de las comunidades, y también con su forma de desarrollarse, al cual tienen derecho de acuerdo al artículo 7 del Convenio 169”, pero que en el proceso de consulta y evaluación ambiental “operan finalmente criterios técnicos” y no políticos.

“Las evaluaciones de impacto ambiental no consideran las afectaciones al medio humano. Incluso, un criterio bien desgraciado que usó el SEA era reconocer que había una medida de mitigación que no había logrado acuerdo, que era la afectación al patrimonio cultural, pero dicen que hay 45 en las que sí se pudo llegar a acuerdo con las comunidades. Por una no se puede avanzar en el proyecto, pero ésa una es clave. Esto deja de manera explícita la falta de lectura intercultural que existe desde el servicio hacia las afectaciones al medio humano y patrimonio cultural de los pueblos indígenas”, reclama Silva.

Por su parte, el werkén de la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, Simón Crisóstomo, aseguró a eldesconcierto.cl. que la sensación tras la consulta indígena y posterior aprobación del proyecto, es “de sentirse utilizados por estos organismos del Estado, porque la veíamos como una esperanza y que de una vez por todas se iba aplicar esto de buena manera”.

Crisóstomo hizo sus descargos ante el “fallido proceso de consulta”, y afirmó que esperaron “cuatro año para que se llevara a cabo la consulta el año pasado, y que a orillas de nuestro río ceremonial, el mismo que va a ser intervenido, se firmara el proceso de consulta, porque nosotros pensábamos que lo habíamos hecho bien”, explicó.

El werkén, una de las autoridades de la comunidad mapuche, aseguró que durante la consulta “dejamos de manifiesto que no dábamos el consentimiento absoluto debido a los impactos significativos que tiene tanto en el territorio como en las comunidades”, con lo que confiaban que proyecto finalmente no se aprobara.

El comunero relató que los ejecutivos de GTD ofrecieron a las comunidades ser partícipes de las utilidades generadas por el proyecto. “Ello se tiraban flores diciendo que eran la primera empresa en Chile que cumplía con todo, y que eran de las pocas que estaban dispuestas a dejar parte de las utilidades en las comunidades, que no es algo que pase con frecuencia. Creo que los funcionarios de gobierno le compraron ese discurso y terminaron aprobando el proyecto”, reflexionó el werkén.

El representante de las comunidades afectadas adelantó que recurrirán “a todas las instancias posibles” con tal de frenar el proyecto, y que van a presentar “un recurso de protección, buscando todas las alternativas de apelación e incluso recurriendo a instancias internacionales, por el proceso indebido de la consulta indígena y que nuevamente no se respeta”, indicó.

El werkén desestimó cualquier posibilidad de aceptar la entrega de una parte de las utilidades por parte de la empresa. “No vamos a aceptar dineros, reparaciones o compensaciones, porque para nosotros, el agua y el recurso, la tierra y la importancia de los bosques para nuestra comunidad no tiene precio”, concluyó Crisóstomo.