El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) admitió el trámite de una queja en contra del juez federal José Manuel Torres Ángeles, a quien una agrupación civil acusa de fallos en su actuar, desconocimiento de la nueva Ley de Amparo y emitir resoluciones irregulares con las que se protegieron los intereses de OHL-México y de la constructora Vinte, filial de la viviendera Urbi Desarrollos Urbanos SA de CV.

‘‘El pasado 7 de agosto el presidente de la Judicatura Federal, ministro Luis María Aguilar Morales, y el secretario ejecutivo de disciplina de ese órgano, Antonio González García, admitieron el trámite del procedimiento de queja por responsabilidad en contra de José Manuel Torres Ángeles, juez décimo segundo de distrito en el estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por diversas irregularidades administrativas’’, informó en un comunicado el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.

La queja fue interpuesta por abogados del frente, que preside Humbertus Pérez Espinoza, y la molestia de los litigantes se originó por que el juez Torres negó a familiares afectados con la venta de casas sobrevaluadas hasta en 40 por ciento su derecho legal a ser reconocidos ‘‘terceros perjudicados’’ en juicios de amparo iniciados a petición de René Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, apoderados legales de la empresa Urbi.

Desde hace cuatro meses un juez en materia penal del estado de México libró en contra de Mungarro y de Guevara Márquez una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de fraude cometido por fraccionadores. Extrañamente, los representantes legales de Urbi se enteraron a tiempo y antes de que fueran detenidos pudieron tramitar los juicios de amparo 377/2015 y 405/2015, y obtuvieron una suspensión contra la orden de captura.

El frente considera que si les dan el carácter de terceros perjudicados o interesados en los juicios de amparo 377 y 405/2015, estarán en posibilidad de aportar pruebas y lograr que los jueces Guzmán y Torres Ángeles sobresean los juicios (es decir, desechen las demandas) y con ello los cuerpos de policía del estado de México queden posibilitados para detener a los apoderados legales de Urbi, precisa el comunicado.

Añade que el artículo 5 de la Ley de Amparo concede a cualquier víctima de un delito (el frente mexiquense es representante legal de decenas de familias que fueron defraudadas por las principales constructoras de vivienda) el derecho legal a ser considerado tercero perjudicado o implicado en un juicio de garantías.