El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, José Ramón Amieva Gálvez, envió un oficio a la Contraloría General capitalina para que ésta a su vez solicite a la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal investigue si hay irregularidades en la operación del programa de entrega de televisores en el marco de la transición a la televisión digital terrestre, pues, afirmó, la práctica de tomar las huellas dactilares de los beneficiarios sólo se hace con personas acusadas de un delito y cuando ingresan a prisión.

Asimismo, en entrevista con este diario, hizo un llamado a las personas que han sido fichadas para poder recibir los aparatos y se sientan vulneradas a acercarse a la dependencia a su cargo para que, junto con la Consejería Jurídica, se les brinde asesoría y acompañamiento legal en caso de que decidan iniciar acciones legales.

Amieva Gálvez dijo que ayer envió al director de Proyectos Especiales de la Contraloría local, Ricardo Palma Rojas, una solicitud para que con base en el trabajo de coordinación que tiene con la SFP le pida formalmente que investigue la operación de ese programa y en caso de encontrar irregularidades actuar en consecuencia.

A mí lo único que se me viene a la mente es que cuando uno conforma las huellas dactilares, es para la famosa ficha signalética, que se da solamente en los centros penitenciarios, en los reclusorios, cuando una persona tiene algún proceso de naturaleza penal y tiene que ingresar a él, dijo el funcionario al referirse al fichaje que se realiza a las personas a cambio de entregarles la pantalla, como ha sido documentado por este diario.

Por ello, se pronunció porque, tal como sucede en la ciudad de México, donde la aplicación de la política social es vigilada por la Contraloría capitalina, exista un seguimiento permanente de los programas federales para que en caso de existir cualquier contravención, violación o error administrativo, éste sea corregido.

–¿Por qué se ha permitido que se opere de esta manera la entrega de televisores?

–Nosotros lo que hacemos es confiar en que las instancias federales de auditoría y control tomen las cartas en el asunto. Es un tema de competencias y esperamos que con toda autonomía actúen e intervengan para determinar si es que existe alguna irregularidad.

Agregó que hasta el momento ni la Secretaría de Desarrollo Social y ni la de Comunicaciones y Transportes, que operan el programa, han informado sobre las reglas de operación, por lo que, agregó, por principios de transparencia todas las áreas debemos dar a conocer cuáles son nuestros programas y cuál es el objeto que se persigue.