Valor al campesino, vida,
nutrición y riqueza para México

Héctor Robles Berlanga Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y coordinador de la página web subsidiosalcampo.org

La Campaña Valor al Campesino se propuso contribuir a que las y los campesinos sean revalorizados y fortalecidos por las políticas públicas y por la sociedad, reconociéndoles el papel central que juegan en la economía, la producción de alimentos saludables y la conservación del medio ambiente en el país. Para la Campaña, los pequeños agricultores son sujetos productivos indispensables para el desarrollo del campo y para garantizar el abasto de alimentos diversos, frescos y saludables; son una pieza clave para mejorar la economía y la alimentación de las y los mexicanos. Muestra de lo anterior son los siguientes datos:

La pequeña unidad campesina es predominante en el campo mexicano: de los cuatro millones 69 mil 938 Unidades de Producción (UP) con actividad agropecuaria o forestal, 70 por ciento son menores o iguales a cinco hectáreas. A pesar de sus condiciones precarias para producir y de la falta de apoyos económicos gubernamentales, genera 40 por ciento de la producción agropecuaria nacional. Aun así, tiene un elevado potencial productivo por desarrollar. Siete de cada diez de estas pequeñas UP son productoras de maíz (blanco y amarillo) y seis de cada diez de frijol. La pequeña unidad genera 60 por ciento del empleo agropecuario familiar y contratado; produce alimentos sanos y nutritivos; mantiene la diversidad biológica, de manera fundamental la del maíz, base de nuestra alimentación; resguarda los recursos naturales, y es importante abastecedora de la agroindustria. Todo lo anterior lo hace en sólo 17 por ciento de la superficie laborable de nuestro país, en su mayoría con condiciones de temporal y escasos apoyos públicos de fomento productivo (Robles Berlanga, Héctor, 2013. Los pequeños productores y la política pública).

La pequeña producción mantiene vivo el legado de las y los antiguos pobladores que desde hace más de diez mil años iniciaron en esta región de la Tierra el cultivo de maíz, calabaza, frijol, chile, jitomate, aguacate, vainilla, papaya, guayaba y otros alimentos que en conjunto representan 16 por ciento de las especies que hoy consume la humanidad (Sarukhán, 2008. Capital natural de México).

FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez

La labor de las y los pequeños productores permite combatir el mayor problema de salud pública en México: la epidemia de obesidad, que se ha incrementado en los 30 años recientes. La incidencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas aumentó de 35 a 73 por ciento entre 1988 y 2012 La diversidad de cultivos es indispensable para el fomento de dietas variadas que contribuyan a enfrentar la desnutrición, el sobrepeso (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición).

La producción campesina de alimentos es la base del reconocimiento a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2010, por ser “un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales (Unesco, 2010. La cocina tradicional mexicana).

Entre las iniciativas que impulsa la Campaña está que el gobierno mexicano, en el marco del Presupuesto Base Cero, considere la creación de un programa en apoyo a las unidades económicas rurales con poca superficie o con bajos ingresos, por lo que se propone:

Enfoque territorial. Este enfoque implica la organización de los componentes del espacio geográfico en procesos concretos que buscan el logro de propósitos comunes. Permite articular la política pública en objetivos comunes, aprovechar los escasos recursos presupuestales y potenciar las actividades de los pequeños productores ligados a los ejes productivos principales, en vez de apoyar micro proyectos aislados y dispersos.

La atención se centra en la persona y su familia. Actualmente muchos de los programas tienen como sujetos de atención hectáreas, cabezas de ganado, proyectos realizados, etcétera, lo que desarticula a las Unidades Económicas Rurales por atenderlas en sólo una parte de sus actividades y no de manera integral; las metas e indicadores no permiten medir los impactos en las personas y sus actividades. Tal modelo se presta a la duplicidad y a la creación de incentivos negativos, y dificulta la articulación institucional.

Inclusión financiera. Aprovechar los programas de transferencias condicionadas para utilizarlos como garantías líquidas con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) para que esta institución otorgue crédito oportuno a los productores (al principio de los ciclos agrícolas) y el productor pueda realizar sus actividades a tiempo, elegir al prestador de servicio que mejor le convenga y le ofrezca mejor precio y adquirir sus insumos de acuerdo con sus necesidades y a mejores precios.

Organización social productiva. Se reconoce que sin capital social no existe posibilidad alguna de que los pequeños productores puedan incrementar su productividad y abatir su situación de pobreza. Se trata, como lo señala Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2015), de superar la formación de “organizaciones” subordinadas a las necesidades y lógicas de proyectos o programas particulares, invirtiendo en cambio en desarrollar o fortalecer organizaciones realmente autónomas, democráticas y cada vez más autosustentables.

Desarrollo de capacidades. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizó la situación del extensionismo rural en México y en su diagnóstico señaló que no existe un servicio de extensión agrícola. Lo que se da es que los productores cuenten con asistencia técnica al acceder a distintos programas de la Secretaría de Agricultura (OCDE, 2011). Por ello se debe de implementar un servicio de extensionismo que identifique con los sujetos beneficiarios del programa los proyectos de carácter territorial y que en un segundo momento un equipo de técnicos especializados formule los proyectos territoriales.

Compactación de la oferta institucional. En lugar de un sinnúmero de programas, se propone un solo programa que agrupe la oferta institucional dispersa de diez instituciones de gobierno y 32 programas bajo tres modalidades: apoyo productivo a la actividad agropecuaria; programa de inclusión social productiva y programa de fomento productivo forestal.

Articulación de los programas de transferencias condicionadas. Articulación de los programas productivos: Proagro Productivo, Progan y Fomento Café. En este caso se debe de crear un solo padrón de beneficiarios que permita conocer quiénes reciben los apoyos y así tratar de evitar duplicidades y concentración de los recursos.

Una sola Regla de Operación (ROP). Por cada uno de los componentes (apoyo productivo a las actividades agropecuarias, inclusión social productiva y fomento productivo forestal) se debe de crear una sola ROP que simplifique los trámites y sea más accesible para los posibles beneficiarios.

Una sola ventanilla. El articular los programas y crear un solo padrón permitiría que los beneficiarios acudieran a la ventanilla más cercana para realizar los trámites. Esto significa ahorros en la tramitación de los apoyos, posibilidades de articulación entre las instituciones y eliminación de la duplicidad de acciones y de incentivos encontrados.

Compras gubernamentales en apoyo a pequeños productores y al fortalecimiento de los mercados regionales. El gobierno tiene programas de desayunos escolares, de comedores comunitarios y de abasto a sectores vulnerables, entre otros. Si parte de los insumos que requiere para elaborar alimentos los comprara directamente a los campesinos, les daría certeza a éstos y les garantizaría un ingreso y dinamizaría las economías locales. Esta acción debe ser acompañada de la búsqueda de un sistema de precios remunerativos y certidumbre en la comercialización.

Responsabilidad social. Se propone la firma de convenios entre organizaciones locales y gobierno, que permita el desarrollo de planes regionales, el impulso de proyectos territoriales y el compromiso con el buen uso de los recursos. Esto generaría corresponsabilidad entre las Unidades Económicas Rurales (UER) y el gobierno.

Hoy es indispensable revalorar y fomentar el potencial productivo de pequeños productores agrícolas, así como hacer plenamente justos, progresivos y eficientes los programas dirigidos a este sector, al igual que los apoyos técnicos y económicos, ya que mejorar sus condiciones productivas redunda en beneficios para la sociedad.

¿De los subsidios desiguales
a las políticas para la igualdad?

Regina Ganem y Diego de la Mora Fundar-Centro de Análisis e Investigación

Miles de campesinos y campesinas que producen el alimento del país sufren de carencia alimentaria.

El 2016 podría ser el año en que cambie de rumbo la situación del campesinado, específicamente de las y los agricultores de pequeña escala. Después de más de tres décadas de políticas presupuestarias que no han logrado transformar las condiciones de vida de las y los campesinos, en la Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se integró el Programa de Subsidios S266, Programa de Apoyos a Pequeños Productores. Su propósito será, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “atender el desequilibrio regional, disparidades de niveles de producción y bienestar de la población rural, focalizando recursos a la productividad de pequeñas unidades de producción, de subsistencia o autoconsumo para que en el mediano plazo puedan migrar a una agricultura que genere excedentes comercializables de pequeña escala”.

Esta buena noticia y se suma a otros esfuerzos que se han hecho en forma colaborativa entre gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil, como el Programa Cohesión Social para el Desarrollo, que ya opera en cinco estados de la República y busca potenciar la productividad de las regiones por medio de la capacitación y organización de las comunidades.

Estas iniciativas son urgentes para contrarrestar las políticas agrícolas que han orillado a millones de campesinos a migrar o a sobrevivir en condiciones durísimas: según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), en el campo viven 11.3 millones de personas en de pobreza extrema (en 2014), esto es 1.1 millones más que en 2010. Además, el porcentaje de las personas que tienen carencias por acceso a la seguridad social, vivienda de calidad y con servicios básicos, y alimentación es mucho mayor en el campo que en las ciudades.

Los esfuerzos legislativos y presupuestarios para atacar tal situación no han dado resultados y en ciertos casos han sido contraproducentes. Procampo, hoy Proagro Productivo, uno de los programas de subsidios con mayor cobertura, genera más desigualdad y pobreza que el apoyo que entrega. El 70 por ciento de los inscritos son agricultores de pequeña escala y reciben cuatro mil 956 millones del total de los apoyos, mientras que 1.5 por ciento de los beneficiarios pertenecen a la agroindustria y reciben cuatro mil 662 millones de pesos.

Por otra parte, los recursos asignados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) se han incrementado en 84.6 por ciento real en 11 años, al pasar de 191 mil 224.8 millones de pesos en 2004 a 353 mil 7.3 millones en 2015, pero no han mejorado la productividad en el campo ni la calidad de vida de las y los agricultores de pequeña escala, quienes generan 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional. El PEC continúa privilegiando programas asistencialistas en perjuicio de las actividades productivas.

La reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 obliga al Estado mexicano a incorporar los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como parte de la legislación que debe ser observada por las autoridades. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece que los Estados parte tienen que utilizar el máximo de los recursos disponibles para avanzar progresivamente y sin discriminación en el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, el Estado mexicano debe asegurar que los recursos que se distribuyen en el campo garanticen los derechos de las y los campesinos bajo el principio de utilizar el máximo de los recursos disponibles (económicos y técnicos, entre otros) y garantizar los derechos en forma progresiva (cumpliendo, en lo inmediato, con el acceso al núcleo básico de cada derecho) y sin regresiones.

El marco legal descrito contrasta con la realidad de las políticas de desarrollo, que en muchos casos impulsan la inversión y el lucro y atropellan los derechos de las personas afectadas, en el caso del campo, al dirigir recursos a la agroindustria y concentrarlos en los grandes productores, principalmente del norte del país. Ahora, por primera vez en el presupuesto de la Federación, aparece un programa destinado en específico a los pequeños productores.

Si realmente se respetan los derechos de las y los campesinos y se les valora como la pieza clave que son para la economía, el medio ambiente, la alimentación sana y el sustento del país, este nuevo programa de apoyos gubernamentales no será otra simulación de apoyo, sino una propuesta real para destapar el gran potencial productivo que tiene dicho sector.

Dos terceras partes de la población en pobreza extrema vive en zonas rurales. Eso significa que sufren de carencia alimentaria, al mismo tiempo que producen el alimento del país. La situación del campo es crítica. Y no sólo para quienes producen y viven en las zonas rurales. La seguridad de la población depende del bienestar del campo; si no se toman las medidas necesarias muy pronto, no habrá personas que quieran seguir trabajando en el campo ni tampoco alimentos sanos para los pobladores urbanos. Debe recuperarse la interdependencia entre quienes vivimos en las ciudades y las y los campesinos. Reconocernos unos a otras y valorarnos.

Pimaf, ejemplo de apoyo a la agricultura familiar: Sagarpa Belisario Domínguez Méndez A diferencia de los productores de maíz empresariales, como los de Sinaloa, que logran rendimientos de 10, 15 o incluso 20 toneladas por hectárea, pero les resulta muy pero muy difícil elevar más esas cifras, los minifundistas, de temporal, del sur-sureste están en condición de duplicar de manera muy rápida y a bajo costo sus rendimientos; por ello –y considerando la prioridad de abatir la pobreza y el hambre- este gobierno está enfatizando los apoyos a estos últimos productores, y para ello utiliza instrumentos tales como la asistencia técnica, el impulso al asociativismo y sobre todo el talento campesino. Belisario Domínguez Méndez, director de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) afirmó lo anterior y resaltó el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), el cual atiende a campesinos con predios de una a tres hectáreas, “con una estrategia muy sencilla: en lugar de proporcionarles el dinero en efectivo, se les proveen los insumos que necesitan en un paquete tecnológico debidamente organizado y planeado y se les da acompañamiento técnico desde la Sagarpa. Hay un técnico por cada 500 hectáreas de esos dos cultivos, y tenemos resultados. Por ejemplo, Guerrero producía menos de 900 mil toneladas de maíz; en 2013 llegamos a un millón y medio y cerramos 2014 con dos millones de tonelada. Todo esto en tierras que no son de riego, sino de temporal”. Y es que, dijo, “en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, en la Península de Yucatán, subir de una tonelada a dos no es nada difícil, de dos a cuatro o de cuatro a seis, tampoco. Y es lo que ya está pasando en Guerrero, Chiapas y en todos los estados donde tenemos el Pimaf. Son resultados extraordinarios, logrados con muy poco; son claves el acompañamiento técnico y el paquete tecnológico, y es muy importante el desarrollo que se obtiene”. Comentó que el Pimaf está considerado en la estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pidió a la Sagarpa que lo diera a conocer en Colombia. En 2013 el Pimaf inició con presupuesto público aproximado de 600 millones de pesos, en 2014 sumó casi mil 500 millones, “y este año repetimos, y estamos llegando a las zonas de alta y muy alta marginación del país”. En 2015 este programa tuvo 250 mil beneficiarios, con una superficie de 450 mil hectáreas. Afirmó que con base en el Plan Nacional de Desarrollo y del Plan sectorial, “tenemos la instrucción de no dejar ningún cabo suelto en el tema de la productividad; debemos sacar el mayor jugo posible a las tierras, según su vocación de cultivo, o en ganadería e incluso pesca; sacar provecho con la mayor prontitud para que la gente tenga la posibilidad de generar sus propios alimentos y excedentes”. Dijo que tal instrucción permea en el Presupuesto Base Cero que operará en 2016. “Veremos una fusión de programas, de componentes; lo que realmente se busca es productividad y desarrollo en el campo, con equidad” (Lourdes Rudiño). Max Correa Central Campesina Cardenista (CCC) El trabajo relacionado con la agricultura familiar –hablando de unidades productivas de cinco hectáreas o menos- es para nosotros estratégico, toda vez que más de 90 por ciento de los militantes de nuestra organización están caracterizados en ese concepto, y para la agricultura mexicana es donde se localiza el mayor potencial no sólo en generación de mano de obra familiar, sino rural, y es donde se garantiza la producción que nos puede brindar seguridad alimentaria al país, en la medida que estas unidades, con una política pública adecuada, pueden contribuir a garantizar más de 80 por ciento de los granos y oleaginosas. Las políticas públicas no le dan aún a esta agricultura la importancia que amerita de forma suficiente. Nuestra organización y otras participamos en una red, el Foro Internacional para Fortalecer la Agricultura Familiar, desde donde estamos promoviendo el impulso a esta agricultura y en ese marco queremos formular una propuesta de política pública que apuntale su productividad, y que esto se considere en el presupuesto 2016 y en el nuevo diseño institucional y la nueva política que el gobierno prevé. Carlos Ramos Coordinador Nacional Plan de Ayala (CNPA) No hay presupuesto Base Cero, lo que hay es una compactación de programas y lo que ésta esconde es la desaparición del subsidio al campo, pues la mayoría de programas se van a volver de cofinanciamiento o de coparticipación, lo cual aleja al sector más amolado, a los más pobres, de las posibilidades de ser atendidos por el gasto público. Dentro de la nueva estructura programática no vemos un programa consistente de impulso a la agricultura familiar, y nos parece que es todo un tema, porque en el momento en que el peso está en el suelo y los costos de los insumos del campo y de la cadena alimentaria están elevadísimos, extrañamos y demandamos nosotros un programa alimentario enérgico que pueda reestablecer la capacidad productiva de quienes menos tienen. Requerimos un programa de agricultura familiar muy enérgico, muy consistente, y lo que estamos razonando es la necesidad de un cambio de modelo. No podemos seguir en el campo con un presupuesto orientado en beneficio a los grandes productores, mucho menos cuando se reconoce hoy el aumento de la pobreza. Isabel Cruz Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Mi opinión se focaliza en la agricultura con menos de cinco hectáreas, que es la que se ubica en el sur-sureste del país mayoritariamente. Creo que hay varios problemas: el enfoque asistencialista que tienen los programas de combate a la pobreza ha generado una desactivación de los hogares y de su acción organizada, porque todos los subsidios se dirigen de manera individual, el Proagro es individual, el PROSPERA es individual… y la generación de proyectitos que se meten en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), en apoyo a las mujeres en distintas instituciones públicas, en general están dirigidos a un apoyo puntual por única vez, sin tomar en cuenta que el desarrollo es un proceso, no una inversión en máquinas o inversiones por única vez que después dejen abandonados los proyectos. La acción pública se diluye y no existen procesos de organización sistemáticos, ordenados, que vayan alimentando su aprendizaje, creando sinergias y creando un capital social que permita reducir el conjunto de los costos de transacción en las economías locales. Hay que pluralizar el reconocimiento de formas organizativas y también regresarles el protagonismo a las organizaciones campesinas.