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La PGR integra 90 por ciento de las investigaciones

Solventadas, menos de 10% de las 460 denuncias sobre la cuenta pública
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de agosto de 2015, p. 29

Alrededor de 460 denuncias judiciales relacionadas con la cuenta pública han sido interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en los recientes cinco años, de las cuales menos del 10 por ciento pueden considerarse solventadas, afirmó este miércoles el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez.

El 90 por ciento de las denuncias está en integración de la investigación por parte de la PGR, por lo que es difícil hablar de casos cerrados, dijo el funcionario federal. Lo importante, señaló, es la coordinación con la PGR y se espera que el gran cúmulo de denuncias en trámite se vaya culminando, agregó Portal Martínez, luego de firmar un acuerdo de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El convenio firmado entre la ASF, dependiente del Congreso de la Unión, y el CCE establece la participación del sector privado en la elaboración de las leyes secundarias relativas a las reformas constitucionales en materia de anticorrupción y transparencia.

El acuerdo es histórico debido a que el sector privado se compromete a combatir la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia y de rendición de cuentas, dijo el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani.

De acuerdo con el dirigente empresarial, el CCE y la ASF desarrollarán acciones conjuntas en materia de fiscalización, transparencia y cultura de rendición de cuentas. Todo ello será mediante la promoción y fortalecimiento de los medio de denuncia de conductas irregulares por parte de servidores públicos y de particulares en el ejercicio del gasto público.

Ambos organismos diseñarán un diagnostico sobre los riesgos existentes en materia de integridad, tanto en el sector público con en el privado, que interactúan con entidades gubernamentales. Además, promoverán esquemas de control interno para prevenir actos irregulares en los sectores gubernamentales y privados, y definirán riesgos y vulnerabilidades que afectan la legalidad de los acciones entre funcionarios de gobierno y empresarios.

Gutiérrez Candiani explicó que, una parte de la colaboración con la ASF, se enfocará en difundir las acciones de auditoría entre las más de 4 millones de empresas afiliadas al CCE. El combate a la corrupción y la impunidad, así como la necesidad de la transparencia en el manejo de recursos públicos y de rendición de cuentas de funcionarios, son las mayores demandas de la sociedad, incluyendo al sector privado, manifestó Gutiérrez Candiani.