ntre los principales méritos alcanzados por el movimiento estudiantil de 2014 en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encontró poner al descubierto que la institución atraviesa por una profunda crisis, generada por el choque de un contraproyecto de orden neoliberal y el proyecto fundacional cardenista, que compromete de forma nacionalista al instituto con México.

Nuevamente, como producto de la política neoliberal, la gran mayoría de los jóvenes que intentaron ingresar a la educación pública superior o universitaria han sido rechazados. Casi 90 por ciento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y aproximadamente 75 por ciento en el IPN.

Este alto porcentaje de exclusión coloca a nuestro país en los últimos lugares de la Organización de Cooperación y Desartrollo Económicos (OCDE), sólo Turquía e Israel están peor. Para el proyecto de un México neoliberal los jóvenes no importan, más que como fuerza de trabajo técnica y barata. Esa es una de sus principales ofertas para la economía mundial contemporánea.

Según el Informe Panorama de la Educación 2014, de la OCDE, México es el único país en que los jóvenes de entre 15 y 29 años dedican más tiempo de su vida a trabajar que a estudiar. La misma OCDE, en su estudio Perspectivas del empleo, ha señalado que los mexicanos son los trabajadores con la jornada laboral anual más larga, a la vez que son los que menos ganan. Peor aún, México tiene la más grave situación para jóvenes excluidos de la educación y del mercado laboral. El más agudo impacto lo reciben las mujeres: alrededor de 33 por ciento de las mexicanas de esa edad no tienen acceso a la educación ni trabajan. La cifra equivale al doble del promedio en los países de la OCDE. Este escenario representa un insensato despilfarro del bono demográfico.

A partir del año 2000, México ingresó a una fase en la cual el porcentaje mayoritario de la población ha quedado integrado por jóvenes. Pero en lugar de generar una política estratégica que garantice que la mayoría sea altamente capacitada, lo que permitiría producir una fuerza de arrastre para impulsar el desarrollo tecnocientífico y económico nacional, la política neoliberal deja fuera de la educación superior a casi todos. El proyecto de un México neoliberal significa que, entre el 2015 y el 2020, la oportunidad del bono demográfico se cerrará por décadas. Luego de ese quinquenio, el grueso de la población tendrá más de 20 años, pero serán adultos sin estudios de nivel superior. Es la apuesta por un México de pobres y desigualdad creciente, mínimo hasta 2050.

Una institución como el IPN necesita reconocer el riesgo histórico del colapso del bono demográfico. Recuperar su proyecto fundacional cardenista y ponerlo a la altura del nuevo siglo.

En contraste con su Ley Orgánica –que, en su artículo 3 plantea el compromiso de garantizar y ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos–, el IPN prácticamente no está ampliando su matrícula de ingreso. Según informes de autoridades del IPN ( La Jornada, 27/07/15), en 2104 recibió a 23 mil estudiantes en sus 67 carreras. Ahora, han ingresado 23 mil 349, es decir, en referencia al total de solicitudes de ingreso (87 mil 789), el IPN sólo incrementó su matrícula en aproximadamente 0.39 por ciento. Ni siquiera un punto porcentual.

Aunque por supuesto la desbordan las necesidades reales, la UNAM, en el curso de la pasada década, ha abierto alrededor de 60 mil nuevos espacios. ¿Acaso el IPN no podría realizar un esfuerzo estratégico mínimamente similar?

El movimiento estudiantil 2014 firmó con el gobierno federal (en el Acuerdo 8, numeral 4) el acuerdo explícito de incrementar en al menos 350 millones de pesos, pero buscando llegar a 400 millones, el presupuesto del IPN para 2015. Pese a esto, este año se exigió a las diversas unidades académicas una estricta política de austeridad. Pregunta inevitable: ¿qué está pasando con este compromiso firmado entre representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) y el gobierno federal? ¿Se cumplió el aumento del presupuesto politécnico?

Los jóvenes no son responsables de la crisis en el sistema educativo. Enrarece el ambiente la política de descalificación desplegada por las autoridades politécnicas.

Se ha hecho público que, en las anteriores dos décadas, cerca de 10 por ciento del ingreso al IPN sucedió por recomendación de miembros de la clase política o directivos. Es delicado que el director general del IPN haya tratado como idéntico a esa grave irregularidad el cumplimiento de lo que es un derecho formal de los empleados politécnicos. Desde 1982 existe el derecho de inscripción preferencial para hijos y cónyuges de trabajadores politécnicos. La actual administración incluso lo ratificó, en el marco de la revisión salarial 2015-16, en el acuerdo 25 para docentes y en el acuerdo 64 para personal de apoyo a la educación. La política de descalificación está dirigida a incumplirlo. El Politécnico no es la única institución que cuenta con un derecho formal de este tipo.

Los movimientos juveniles que cuestionan la exclusión de la educación están por cumplir una década. Los padres de familia descontentos sostienen que muchos jóvenes cuentan con alto promedio y la cantidad de aciertos adecuada para ingresar a nivel medio superior, pero están rechazados. La situación requiere esclarecerse.

Sería muy positivo que las autoridades politécnicas aceptaran la insistente petición que se les ha presentado en la Mesa de Diálogo por parte de la AGP: proporcionar el padrón de estudiantes inscritos en todas las unidades académicas del IPN. Deben demostrar a la comunidad politécnica y a la opinión pública que, efectivamente, existen los estudiantes que conforman la matrícula politécnica. De otro modo se volvería muy aguda la interrogante: ¿en qué se gasta el presupuesto del IPN? El derecho a la educación demanda transparencia. Urge apuntar a revertir el despilfarro histórico del bono demográfico y la crisis de exclusión que se cierne sobre la juventud mexicana.

* Profesor de la ESCA Tepepan

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