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Persisten los reclamos de México por el manejo del caso en EU

Insistirá la PGR en extraditar al accionista de Oceanografía localizado en Miami
 
Periódico La Jornada
Martes 1º de septiembre de 2015, p. 13

El gobierno mexicano insistirá en que Martín Díaz Álvarez, socio accionista de la empresa Oceanografía, sea detenido en Estados Unidos y sometido a un procedimiento de extradición, informaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Según los funcionarios consultados, la dependencia mexicana, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió a Estados Unidos desde el 5 de septiembre de 2014 la detención provisional con fines de extradición contra el empresario, pero el Departamento de Justicia de ese país no ha dado cauce a tal petición, es decir, no la ha llevado ante una corte de distrito para iniciar un juicio de extradición, aduciendo que la PGR no ha cumplido con los requisitos jurídicos indispensables para que se inicie el procedimiento.

El estancamiento del caso ha ocasionado reclamos de autoridades mexicanas a las estadunidenses, a las que han acusado de tener una actitud de suma protección a delincuentes de cuello blanco, indicaron las fuentes consultadas.

La semana pasada, después de pagar una garantía de 250 mil dólares, un juez migratorio de Estados Unidos dejó en libertad a Díaz Álvarez en Miami, debido a que el Departamento de Justicia de ese país aún no tramita la solicitud de extradición del gobierno mexicano.

De su lado, académicos expertos en temas migratorios explicaron a este diario que si la PGR insiste en que se abra el procedimiento de extradición a Díaz Álvarez, sería muy complicado para la dependencia federal, ya que debido a la premura, la subprocuraduría jurídica tendría que presentar las mismas pruebas con que ahora cuenta la dependencia mexicana (se trata de aquellas que utilizó para pedir la orden de aprehensión contra Díaz y que fueron cuestionadas mediante juicio de amparo, debido a su frágil idoneidad), las cuales son muy endebles.

Si eso ocurriera, lo más probable es que los fiscales mexicanos terminarían perdiendo el caso, dijeron los también expertos en derecho internacional consultados.

La opción más viable que tiene la PGR es pedir la deportación de Díaz Álvarez por vencimiento de la visa, lo que implica un procedimiento de derecho migratorio que puede durar varios meses o incluso años.