Una veintena de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil criticaron ayer el proceso de consulta para elaborar la ley general contra la tortura y exigieron mecanismos que propicien el diálogo y la participación de agrupaciones, víctimas y personas interesadas.

En una carta dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo exhortan a que el proyecto de ley no sea enviado al Congreso de la Unión con carácter preferente, pues ello podría ser el comienzo de un proceso de imposición sobre los contenidos de ese nuevo marco legal, el cual, apuntaron, es de gran importancia para el país.

Además, señalaron, pese a que de manera reiterada se ha expresado el deseo de contribuir a la creación de esta nueva norma general, hasta el momento no se les ha informado sobre los avances en la elaboración, pero tampoco han sido convocadas a contribuir y aportar, desde su experiencia de acompañamiento, en ese debate.

Señor Presidente, en momentos difíciles como los que definen hoy la situación de México, la creación de una ley que aspire a la efectiva prevención, erradicación y sanción de la tortura debe ser inexorablemente un ejercicio democrático que involucre las diversas voces que han demandado en los últimos años la creación de este marco normativo, afirman en la misiva.

Además, en ésta le solicitan girar las instrucciones necesarias para que las dependencias encargadas de crear la norma general contra la tortura informen sobre los avances de su elaboración y diseñen un mecanismo que garantice la efectiva y oportuna participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y personas interesadas.

Entre las agrupaciones que suscriben la carta están: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; el Instituto para la Seguridad y la Democracia; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 75 organizaciones de 21 estados del país.

El texto también va dirigido al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez González, y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa.