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Setenta y siete escuchas telefónicas y documentos decomisados durante allanamientos

Presenta fiscalía de Guatemala más pruebas contra Otto Pérez

El ex presidente, acusado de corrupción, niega pertenecer al grupo delictivo La Línea

Revela que El Chapo le ofreció en 1993 unos 8 millones de dólares para liberarlo

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El ex mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina al término de su audiencia en la Suprema Corte de Justicia, en la capital de ese paísFoto Reuters
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Una artesana da los últimos toques a una piñata con la figura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se encuentra detenida de manera preventivaFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de septiembre de 2015, p. 20

Guatemala.

El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina negó este viernes pertenecer a La Línea, red de ex funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos en las aduanas, y recordó que en 1993 el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán le ofreció por su libertad 10 veces más de lo que, se dice, le habría dejado su presunta participación en la trama de corrupción y lo rechazó.

“Lo primero que quiero negar: no pertenezco a La Línea”, aseveró Pérez Molina, quien renunció al cargo el miércoles pasado y está recluido en una prisión militar luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez le dictó prisión provisional. No reconozco, sino niego, lo que señaló el representante del Ministerio Público, sostuvo tras asegurar que las pruebas son débiles y que hay mala intención de la fiscalía.

Durante los dos días de audiencias, que definirán si se abre al ex mandatario un proceso por hechos de corrupción, la fiscalía presentó 77 escuchas telefónicas y documentos encontrados en allanamientos a oficinas de los supuestos integrantes de la organización, en los cuales se detallaban cómo se repartían los sobornos recibidos.

Por la tarde, el juez Gálvez, quien debe decidir si liga a proceso al presidente de Guatemala por corrupción, programó para el martes su resolución, con el fin de analizar los argumentos presentados por la fiscalía y la defensa. Gálvez, quien tomó la decisión después de escuchar durante cinco horas los alegatos de las dos partes, no descartó, sin embargo, que la resolución pudiera tomarse incluso después, en caso de que se alargue la sesión.

Según la fiscalía, la red de corrupción desvió 28.5 millones de quetzales (3.8 millones de dólares), de los cuales 50 por ciento habrían sido para la cúpula supuestamente integrada por Pérez Molina y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Yo, señor juez, no voy a poner mi sacrificio y dignidad en juego ni por 800 mil dólares ni por ninguna cantidad. El dinero que pude haber recibido en el momento de la captura era 10 o 15 veces o más de lo que ahora me señalan, y no lo acepté porque va contra mis principios, remarcó el ex mandatario.

La propuesta del capo

Pérez Molina se refería a la propuesta que le hizo El Chapo Guzmán en 1993, cuando al frente de la inteligencia militar guatemalteca dirigió la operación que permitió la captura del narcotraficante.

Destacó que en ese momento Guzmán y su gente le ofrecieron 8 millones de dólares a cambio de liberarlo, cifra muy superior al dinero que según la fiscalía recibió del esquema de corrupción.

Pérez Molina, general retirado y ex comandante general del ejército, acusado de abusos durante el conflicto armado guatemalteco entre 1960 y 1996, aseguró que su papel como militar durante la guerra civil significó un sacrificio personal y de mi familia.

La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) anunciaron en abril pasado la desarticulación de la presunta red criminal dirigida por el prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de la ex vicepresidenta. Al menos 100 personas son investigadas por el caso La Línea, incluida Baldetti, quien renunció a su cargo y se encuentra detenida de manera preventiva.

El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, adelantó que la fiscalía también investigará el patrimonio del ex presidente en busca de pruebas adicionales de que dirigía una mafia aduanera, mientras la premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, consideró que Pérez Molina podría ser objeto de persecución penal por genocidio y delitos de lesa humanidad por el papel desempeñado cuando dirigía un destacamento contrainsurgente en los años 80 en la provincia de Quiché.

Mientras la atención está centrada en la crisis política desatada, el proceso electoral, que vive su último día de campañas y concluirá el domingo con la celebración de los comicios, se ha descuidado, consideraron analistas locales.

El proceso electoral se está dando en las mismas condiciones de siempre: sin transparencia de las finanzas electorales, sin un régimen democrático al interior de los partidos y sin garantías de que el día electoral no se den serias deficiencias, como la compra de votos o actos de agresión cerca de los centros de votación, señaló Frank LaRue, relator del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social.

Los tres aspirantes presidenciales –de 14 postulados– con más posibilidades de pasar a la segunda ronda el 25 de octubre, si ninguno alcanza al menos 50 por ciento de los sufragios, son el comediante Jimmy Morales, del derechista Frente de Convergencia, con una intención de voto del 25 por ciento.

Le sigue el empresario de derecha Manuel Baldizón, del Partido Libertad Democrática Renovada, con 22.9 por ciento, y una ex primera dama, Sandra Torres, de la socialdemócrata Unión Nacional de la Esperanza, con 18.4, según la empresa ProDatos.

Otto Pérez no podrá ejercer su voto el domingo, pues está en prisión provisional.

La Unión Europea expresó su apoyo al esfuerzo de las autoridades electorales guatemaltecas para garantizar un proceso electoral transparente y ordenado tras la renuncia de Pérez Molina, indicó en una nota.