Guatemala.

El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina será juzgado por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, tras verse forzado a renunciar la semana pasada en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción en este país. El juez Miguel Ángel Gálvez decidió someterlo a proceso y ordenó su prisión preventiva debido a que hay suficientes indicios para sospechar de su vinculación con una estructura criminal de defraudación aduanera y tributaria conocida como La línea.

El auto de prisión preventiva se dicta por la razón del peligro de la obstaculización de la verdad, sostuvo Gálvez. Todavía hay prófugos y por su investidura de ex presidente tiene influencia en las personas que son buscadas y podría entorpecer la investigación de la fiscalía, indicó.

Tanto la fiscalía como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que adelantaron una investigación sobre la red de defraudación, así como los abogados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), solicitaron al juez la prisión preventiva contra Pérez Molina para evitar su fuga y que pueda manipular pruebas e influir en los testigos.

El magistrado aseguró que la intención de la red delictiva era tomar control de todas las aduanas guatemaltecas por medio de la SAT, el ente encargado de la recaudación de impuestos, para alterar las declaraciones y obtener un porcentaje de la recaudación.

Aclaró, sin embargo, que no puede asegurar que Pérez Molina dirigía la red de corrupción aduanera, lo que corresponderá a los investigadores. Que quede claro, no lo estoy responsabilizando, advirtió. La resolución no prejuzga culpabilidad o inocencia, sólo muestra que existen indicios razonables... no valora los medios de investigación ni la evidencia, subrayó.

La fiscalía dispone de tres meses para investigar y fundamentar la demanda antes de llevar al ex presidente a un juicio oral y público. Para ello, el juez programó una audiencia para el 21 de diciembre próximo.

Momentos después de escuchar la decisión del magistrado, el ex gobernante, que permanece en prisión desde el viernes pasado, cuando se le dictó un arresto provisional por riesgo de fuga, insistió en su inocencia y arremetió contra la Cicig, ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU) creado para ayudar a fortalecer la justicia en Guatemala. No entiendo por qué estoy ligado a proceso y en prisión preventiva, no lo entiendo porque no hubo un argumento sólido que lo dijera, declaró a la prensa en la sala de audiencia del juzgado.

Acusó a la comisión de la ONU de presionar a la justicia guatemalteca para inculparlo en la red de corrupción. Consideró que esa entidad tiene respaldos y responde a intereses internacionales, pero no a los nacionales. Nosotros lo que queremos es ver que los procesos se den como deben de ser, que haya jueces y cortes independientes.

Gálvez dio a conocer su decisión tras una extensa presentación de los argumentos que recibió de la fiscalía y de la Cicig, que en su criterio vinculan a Pérez Molina en la corrupción La línea, por ser una especie de alternativa, en la que empresarios pagaron millonarios sobornos para evadir impuestos aduaneros.

En una votación histórica, el Congreso de Guatemala decidió el martes de la semana pasada retirar la inmunidad al presidente para permitir que sea investigado como cualquier ciudadano, lo que provocó su renuncia y la elección del vicepresidente Alejandro Maldonado como mandatario de la nación.

La fiscalía y la Cicig cuentan con 88 mil escuchas telefónicas, entre las cuales habría una en la que se percibe al ex presidente hablando con Carlos Muñoz, superintendente de la SAT, y ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria. Por ley, esa agencia es un ente autónomo y sin injerencias del Ejecutivo.

El cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada. Esto, según la fiscalía, permitió a la red de corrupción el desvío de 28.5 millones de quetzales (3.8 millones de dólares), de los cuales 50 por ciento habría ido para la cúpula integrada, presuntamente, por Pérez Molina y Roxana Baldetti, la ex vicepresidenta.

Al menos 100 personas son investigadas por este caso, entre ellas Baldetti, quien renunció en mayo y también está en prisión preventiva. La estructura de defraudación estaba dirigida presuntamente por su entonces secretario privado Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo.

La audiencia de este martes se realizó dos días después que la celebración de elecciones generales, en las que el comediante Jimmy Morales ganó con 23.86 por ciento de votos, mientras la izquierdista Sandra Torres (19.73 por ciento) y el magnate Manuel Baldizón (19.63 por ciento) se pelean el segundo puesto con 98.55 por ciento del escrutinio.