esulta inconcebible que reasignen las investigaciones sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa a los mismos funcionarios cuyos resultados han sido cuestionados lo mismo en el país que en el exterior.

La verdad histórica que anunció la Procuraduría General de la República (PGR) cuando su titular era Jesús Murillo Karam se desplomó estrepitosamente tras publicarse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En consecuencia, quienes contribuyeron para llegar a esa conclusión y declarar cerradas las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes normalistas deberían estar descalificados para proseguirlas, toda vez que el GIEI aporta elementos de peso que prueban que ocultaron y destruyeron evidencias sobre los hechos.

Tienen razón, entre otros, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que consideran que, además de restructurar las líneas de investigación tomando en cuenta las recomendaciones de los expertos de la CIDH, debe reorganizarse el equipo que seguirá las indagatorias.

Podría ser válida la permanencia de Arely Gómez en la PGR, pues su designación como procuradora llegó después de que Murillo Karam salió de la dependencia y declaró que las investigaciones seguirían su curso, contrariamente a lo determinado por su antecesor.

La restructuración del equipo, en caso de realizarse, alcanzaría no sólo al ámbito federal, sino también al estado de Guerrero. Si los gobiernos continúan haciendo lo mismo con los mismos funcionarios, es de prever que obtendrán los mismos resultados.

Por otra parte, si la PGR confirma los resultados de las investigaciones del GIEI, ello significará que muchos de los 110 procesados por las desapariciones saldrán libres y no pocos funcionarios tendrán que cambiar su lugar de residencia al reclusorio.

El asunto no es tan sencillo, pues si, como dice el GIEI, hubo personas interesadas en ocultar o destruir evidencias para distorsionar los hechos, nada garantiza que no intenten hacer lo mismo, aun desde el penal.

La labor del gobierno de la República bien puede recomponer el caso, pero también empeorarlo.