Directora General: Carmen Lira Saade
Director Fundador: Carlos Payán Velver
Suplemento Cultural de La Jornada
Domingo 13 de septiembre de 2015 Num: 1071

Portada

Presentación

Bazar de asombros
Hugo Gutiérrez Vega

El Haití preelectoral y
los derechos humanos

Fabrizio Lorusso y Romina Vinci
entrevista con Evel Fanfan

Dos Poetas

La colección Barnes
Anitzel Díaz

Animalia
Gustavo Ogarrio

Tres instantes
Adolfo Castañón

Adolfo Sánchez
Vázquez a cien años
de su nacimiento

Gabriel Vargas Lozano

El puma y su
presa celeste

Norma Ávila Jiménez

Leer

ARTE y PENSAMIENTO:
Bitácora bifronte
Jair Cortés
Resurrección
Kriton Athanasoúlis
Mentiras Transparentes
Felipe Garrido
Al Vuelo
Rogelio Guedea
La Otra Escena
Miguel Ángel Quemain
Bemol Sostenido
Alonso Arreola
Las Rayas de la Cebra
Verónica Murguía
Cabezalcubo
Jorge Moch
La Casa Sosegada
Javier Sicilia
Cinexcusas
Luis Tovar


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Jorge Moch
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Twitter: @JorgeMoch

Mentira histórica

Qué guamazo. Las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) coordinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmantelaron el domingo pasado el montaje realizado por el gobierno federal mexicano en torno a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución probada de al menos seis personas durante el desarrollo de esos mismos acontecimientos que signaron con tache siniestro los días 26 y 27 de septiembre de 2014 que habrían dejado, además, hasta cuarenta heridos. De hecho, el Informe Ayotzinapa del GIEI no sólo derrumba la versión oficial (en su momento llamada “verdad histórica” como si fuera impepinable, por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, luego removido de la fiscalía general, paseado por estamentos burocráticos menos vistosos y finalmente pasado cómodamente a retiro con posibilidad infamante de seguir mamando de la ubre pública desde la cómoda poltrona de una embajada), sino que exhibe al gobierno federal involucrado en la masacre por vía de su policía federal y el glorioso Ejército Mexicano y peor: como encubridor de los asesinos al intentar apuntalar sin evidencias sólidas la incineración colectiva que presuntamente tuvo lugar en el basurero de Cocula para eliminar los vestigios forenses del la posible ejecución múltiple. La única verdad incontrovertible hasta ahora es que algunos estudiantes fueron asesinados por policías y sicarios y que 42 más siguen sin aparecer. El GIEI, como lo consigna la nota de este mismo diario, firmada por José Antonio Román y Emir Olivares, publicada el domingo 26 de julio de 2015, “fue creado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los representantes del gobierno mexicano y de los familiares afectados por los hechos de Iguala, Guerrero, en el contexto de las medidas cautelares que otorgó el órgano del Sistema Interamericano el 3 de octubre de 2014. Tiene el mandato de realizar su trabajo en tres ejes principales: la búsqueda con vida de los estudiantes desaparecidos, la investigación penal y la atención brindada a las víctimas. Podrá formular recomendaciones para mejorar la respuesta que se haya dado al caso específico…” Acerca de los integrantes del GIEI, Román y Olivares señalaron: “El grupo fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y sus integrantes, escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano y las organizaciones, son: Carlos Beristáin, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos con trabajo en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, exfiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; Francisco Cox Vial, abogado chileno, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España y como asesor de la cidh en diversos casos; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante dieciocho años y experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y Alejandro Valencia, jurista colombiano, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y colaborador en Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.” Ningún improvisado como se puede ver. El informe es vasto (más de 500 páginas), pero los sucesos trágicos del 26 y 27 de septiembre podrían resumirse en “un ataque masivo, con coordinación de eventos (y) fuerzas militares conscientes de todos los acontecimientos en el momento de su desarrollo”.

Imposible saber cuál será el desenlace, cuáles los efectos específicos de estas revelaciones en el andamiaje del régimen tramposo de Enrique Peña Nieto. ¿Quizá dar la espalda a un Murillo expiatorio, acusarlo de obstrucción y encubrimiento criminal? Lo que por lo pronto es evidente es el descrédito del gobierno dentro y fuera de México, sus expuestas triquiñuelas y sobre todo la noción terrible de que efectivamente vivimos en un narcoestado, con narcogobernadores y quizá hasta un narcopresidente en funciones que de paso le da argumentos odiosos al antimexicanismo ya evidente en Estados Unidos con un desbocado Donald Trump al frente.

Vaya que en lugar de soluciones creativas, este desgobierno causa problemas. Y lo que falta…