El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, entregó el martes nueve cartas de preliberación a otros tantos luchadores sociales, ocho hombres y una mujer.

En respuesta, el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), perteneciente al Movimiento Popular de Guerrero, Bertoldo Martínez, indicó que aún hay al menos otros 50 presos políticos. Comentó además que entre los liberados figura Tomás de Jesús Barranco, quien permaneció preso 19 años, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Martínez presentó a los liberados (Barranco, así como María Elena Parra, Amadeo Campos, Ismael Padilla, José Antonio Morales, Raúl Manzanares, Zeferino Morales, Francisco Cristino Crescencio y Miguel Espinoza) el martes en el zócalo de Chilpancingo, adonde acudieron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, y dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

En entrevista, Jesús Barranco afirmó que perdió la noción del tiempo, pues estaba acostumbrado a ver rejas y el patio de las cárceles donde estuve. Afirmó que nunca militó en el EPR, aunque se le acusó de participar en un ataque de la organización guerrillera contra efectivos de la policía ministerial en el que perecieron dos policías y uno quedó herido. Aseguró también que los agentes judiciales que lo detuvieron el 28 de agosto de 1996 lo torturaron.

Barranco pasó 19 años en los penales de Chilpancingo, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Chihuahua, hasta que en marzo de 2014 se le trasladó al penal de Chilapa. Recordó que se le sentenció a 40 años de cárcel por los delitos de sedición, rebelión, terrorismo y homicidio. Ahora buscará trabajo, porque no tengo ni siquiera para comer.

Siete, encarcelados en el gobierno de Aguirre

De acuerdo con el líder del Fodeg, siete de los nueve liberados, procesados por delitos del fuero común, fueron detenidos entre 1996 y 1999, durante el gobierno interino de Ángel Aguirre, quien los acusó de pertenecer al EPR y al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), mientras Ismael Padilla fue acusado del secuestro de Raúl Astudillo, empresario priísta de Tixtla, y Francisco Cristino es sobreviviente de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, ocurrida en junio de 1997, cuando murieron 11 presuntos integrantes del ERPI.