Acapulco, Gro.

Coyotepec, Méx., Al menos 50 mil personas se quedaron sin agua potable debido a fallas en dos plantas de electricidad rentadas en agosto por colonos para hacer funcionar las bombas de dos pozos. Los afectados acusaron a seguidores del alcalde priísta Alfredo Anguiano de dañar los equipos. Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, indicó que la demarcación no tiene agua desde el lunes.

El senador panista Jorge Luis Preciado, acompañado por compañeros de bancada, sostuvo ayer en la ciudad de México que en la pasada elección de Colima votaron hasta los muertos y migrantes que se encuentran en Estados Unidos. El ex candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima exigió al Tribunal Electoral del Poder de la Federación que anule los comicios. Dijo que el Tribunal Electoral Estatal reconoció que votaron los muertos, pero le dijo que no podía comprobar que votaron por el PRI.

Agrupaciones ambientalistas, con el respaldo de 30 mil firmas de ciudadanos, pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque la autorización de impacto ambiental presentada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que permite la extracción de dos millones de metros cúbicos de roca basáltica de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas para ampliar el puerto de Veracruz.

Tepic, Nay., La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó la petición del ayuntamiento de firmar un convenio para pagar a plazos una deuda de 70 millones de pesos por uso de energía para extraer agua de pozos profundos, informó el alcalde, Leopoldo Domínguez. Trabajadores municipales señalaron que Ángel Meixuero González, director de relaciones interinstitucionales de la empresa, amenazó con cortar el suministro a los pozos si no se liquida por competo el pasivo, pendente desde la administración pasada. El edil solicitó al gobernador Roberto Sandoval que medie en este conflicto.

Pachuca, Hgo., Unos 200 habitantes de las comunidades Ex Hacienda Debodhe, Jagüey de Vázquez Capula, Cerritos y Capula Centro, municipio de Ixmiquilpan, se manifestaron fuera de las oficinas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en protesta porque el organismo ordenó devolver al gobierno federal 2.3 millones de pesos del fondo de infraestructura social municipal, 300 mil pesos más de los 2 millones otorgados al ayuntamiento en 2013 para combatir la pobreza y el rezago social. La auditoría considera que existen otras localidades con más carencias.