Impactos de las medidas regulatorias hidráulicas en la llanura costera de Tabasco

Luis Alberto Méndez May
Integrante del Consejo de Comunidades Unidas de Centla
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Presa Peñitas

Tradicionalmente, las inundaciones en Tabasco traían beneficios y no representaban mayores riesgos para las actividades productivas y formas de vida de las comunidades ribereñas, debido a que los ciclos de la naturaleza estaban temporalmente definidos. A finales de 1990, esto empezó a modificarse sustancialmente, entre otros factores por el cambio climático, el crecimiento urbano anárquico de la ciudad y la forma en que el gobierno administró la generación de electricidad y el desfogue de las presas.

Tras las inundaciones de 1999, en 2003, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal crearon el Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI), principalmente para proteger a Villahermosa, la ciudad capital. El proyecto significó una inversión de 2 mil 060 millones de pesos la cual se vio empañada por la corrupción de los gobiernos de Roberto Madrazo, Manuel Andrade, Andrés Granier y funcionarios de la Conagua.

Un factor que explica en parte este fenómeno es el crecimiento exponencial que tuvieron los inversionistas privados. En efecto, hasta 2012 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) había autorizado 669 permisos para construir las denominadas plantas de ciclo combinado, de los cuales 28 corresponden a grandes productores independientes, 474 a autoabastecedores, 74 para cogeneración, 37 para importación, seis para exportación, 10 para pequeña producción y 40 para usos continuos. Esto provocó que el volumen de energía generado por empresa privadas pasara de 6.3 por ciento en 2000 a 40.4 por ciento en 2011.

Al incrementar la generación hidroeléctrica, los gobiernos estatal y federal no redujeron en 2007 los niveles de las presas para proteger los intereses de los productores privados, primordialmente extranjeros. Esto dio por resultado, entre otras cosas, que en 2008 y 2009 se vieran afectados 500 mil habitantes en 10 de los 17 municipios de Tabasco.

Preparativos para la temporada de lluvias

Uno de los municipios con mayores afectaciones fue Centla que cuenta con una superficie de 3 mil 200 km², el 16 por ciento de todo Tabasco. Las 196 comunidades del municipio se ubican en la planicie costera, donde se encuentra la mayor riqueza acuífera y vegetal de la entidad. Esta riqueza maravillosa se alimenta de los caudales y desbordamientos cíclicos de los ríos Grijalva y Usumacinta antes de encontrarse con las aguas del Golfo de México. Cerca de cien mil habitantes de este municipio registran una alta marginación y de 2003 a la fecha han padecido la operación hegemónica gubernamental de las presas del Alto Grijalva, así como los negocios derivados de la generación de electricidad y las obras hidráulicas, las permanentes afectaciones de la actividad petrolera y los efectos del cambio climático.

En esta mezcla de intereses político-económicos y corrupción, el gobierno privilegió la atención hacia la población villahermosina y “sacrificó” las zonas rurales y menos pobladas. El plan hidráulico establecido para el estado contempló la construcción de una compuerta en el río Carrizal a la cual se agregaron dos obstrucciones conocidas como “espigones” para derivar mayores corrientes al Samaria. De esa manera se condenó a los municipios de la Chontalpa y del delta del Grijalva a mayores periodos y riesgos de inundación.

La decisión de la Conagua y de la CFE de incrementar en 2010 el desfogue de las presas del Alto Grijalva a un promedio superior a los 900 metros cúbicos por segundo ocasionó que en plena temporada de seca se desfogaran las presas. Con esa medida, el río Samaria incrementó su desborde a las tierras de pastoreo de ganado bovino, así como a los cultivos de maíz y hortalizas de las comunidades campesinas. Esto agravó la situación económica de sus habitantes. Cuando aún no se sobreponían de los efectos causados por el siniestro de finales del 2012, nuevamente fueron inundados en 2013.

La ciudad de Villahermosa

El recuento de los daños por las inundaciones deliberadas no sólo se traduce en la degradación de la naturaleza, desempleo, migración, suicidios, sino también en la una mayor depauperización económica que afecta de forma negativa las fuerzas productivas y los bienes comunales; desmantela la vida cultural de los pueblos y manifiesta la hegemonía económica y política con que opera la burocracia gubernamental en la entidad. Además de la manera como se toman las decisiones desde el centro administrativo del país.

Por último, las inundaciones periódicas que padece Tabasco expresan al fin de cuentas la lógica excluyente de las élites políticas federales y estatales. Se manifiesta en una política segregacionista y discriminatoria cuando se inunda a las zonas rurales y se salvaguarda a la capital. Esto nos permite sostener que las inundaciones de 2012 y 2013 fueron inducidas desde las altas esferas gubernamentales; expresa el manejo discrecional de la información sobre el manejo, alcances y efectividad del Plan Hídrico Integral de Tabasco, así como de los negocios con contratistas e inversionistas beneficiados con los contratos públicos. Evidencia, finalmente, que al afectar el territorio, la producción y la alimentación de las comunidades se les despoja también de sus usos y costumbres y deja en simple promesa el permanente ofrecimiento gubernamental de elevar la calidad de vida de las poblaciones marginales de Tabasco y el país en general.