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Número Especial octubre noviembre 2015 No 201

Eólicas oaxaqueñas:
ecocidio y conflicto socioambiental

Carlos Manzo
Asesor de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca
(Anexo agrario de los Bienes Comunales de Juchitán)

Correo-e: guiebiaani@gmail.com

Durante los últimos 20 años se han impuesto en el sur del istmo de Tehuantepec más de 15 parques eólicos en siete municipios mayoritariamente indígenas binnizá –zapotecos–, en el marco del megaproyecto denominado Corredor Eólico del Istmo, que desde sus inicios fue presentado como parte fundamental de un mercado centroamericano de energía, una de las columnas vertebrales de lo que se conoció como Plan Puebla-Panamá y después como Proyecto para la Integración de Mesoamérica.


Un policía estatal recorre la agencia municipal de La Ventosa, en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde se encuentra el parque eólico La Venta II Foto: Jorge Arturo Pérez Alfonso

En la conformación de dicho megaproyecto por parte del Estado y las empresas (en su mayoría transnacionales), no se consideró oportunamente la obligación de informar y consultar a la población indígena, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT en materia de derechos indígenas. Tampoco en lo que respecta a la Constitución del Estado de Oaxaca y su Ley de Derechos Indígenas. Y mucho menos lo que establece el Protocolo para la Consulta a Pueblos Indígenas sobre proyectos de desarrollo, recientemente aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ésta y otras graves ausencias, injusticias e impunidades amparadas a la sombra de las instancias oficiales y los intereses de grandes empresas han dado como fruto un irreversible y múltiple conflicto sociocultural y socioambiental, agudizado por las afectaciones a los frágiles ecosistemas de la planicie costera del complejo ikoot binnizá del sur del istmo.

Gobiernos espurios

En 1994, año en que se instaló en el istmo de Tehuantepec el proyecto eólico piloto conocido como La Venta. Éste es el nombre de la agencia municipal de Juchitán donde se instalaron en 1994, los primeros siete aerogeneradores de 0.8 MW de capacidad de generación anual, a cargo de la CFE, estos aerogeneradores se encuentran ubicados hasta ahora al lado norte del crucero La Venta-San Miguel Chimalapa. En ese entonces, gobernaba la entidad el entonces priista y hoy panista, Diódoro Carrasco Altamirano. Uno de sus más cercanos colaboradores era Gabino Cué Monteagudo. En coordinación con el gobierno federal (era presidente Carlos Salinas) llevaron a cabo una de las más cruentas represiones que se hayan vivido en Oaxaca. Una estrategia de contrainsurgencia, especialmente en la Sierra Sur, y que hasta hoy mantiene encarcelados de manera injusta a los siete indígenas presos de la región zapoteca conocida como los Loxichas, acusados de ser miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), de lo cual dicha agrupación guerrillera se ha deslindado públicamente.

La posibilidad de generar energía eólica a gran escala en la región del istmo de Tehuantepec no figuraba aún en los ya clásicos e inoperantes programas estatales de desarrollo: La Venta I y sus posteriores etapas (La Venta II, III y IV), nunca fueron proyectos definidos regional o localmente. Su planeación, gestión, ingeniería y licitación, así como el proceso de la reforma energética que le acompaña, siempre fueron propuestas de empresas transnacionales, formuladas de común acuerdo con la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el presidente en turno.

Cuando las empresas y los funcionarios pretendían aterrizar los megaproyectos en las regiones, se topaban con gente ignorante sobre la materia como los gobernadores José Murat Casaab y Ulises Ruiz. A ninguno de ellos le tocó inaugurar algún parque eólico concluido, aunque en sus programas de desarrollo estatal figuraba la pretensión de construir parques eólicos en 5 mil hectáreas. Lo lograron con base en engaños, corrupción y desinformación y en beneficio de empresas como Iberdrola, Gamesa y Femsa, por ejemplo. En tierras ejidales y comunales de, entre otros, el ejido La Venta y la comunidad ikoot de San Dionisio del Mar.

Impactos ambientales ignorados

En los últimos doce años, los impactos ambientales del megaproyecto han sido evaluados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajo la modalidad “particular”. Es decir, sin considerar el impacto regional del proyecto en las más de 20 mil hectáreas que hasta ahora llevan ocupadas provocando una inmensa alteración del paisaje en la planicie y en las costas del ecosistema lagunero, sin estudiar aspectos claves que redundan en afectaciones ambientales irreversibles. Esta cifra, más allá de considerar el espacio físico para la ubicación de los aerogeneradores, considera conservadoramente también los espacios denominados de derecho de viento, definidos por los intersticios entre las líneas de molinos, así como los terrenos por los que atraviesan las líneas de transmisión, tanto subterráneas como aéreas. Cabe mencionar que en los estudios de impacto ambiental aprobados por la instancia oficial mencionada se ignoran aspectos básicos como son los siguientes:


Construcción de la base de un aerogenerador en el parque eólico BiI Hioxho, de Gas Natural Fenosa, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Foto: Roberto García Ortiz

Proceso de desecación de mantos freáticos y alteración de los ciclos hidrológicos a nivel local y regional. La deforestación que se ha hecho de montaña baja, palmar, manglar y árboles como los huanacastles, entre otros, han impactado en la reducción de los niveles de zonas de captación de agua y de pozos artesanales, así como en las aguas superficiales de ríos y arroyos, particularmente de los canales de riego del distrito de riego número 19. Tampoco se evalúa el impacto de la cimentación de cada torre o aerogenerador, en donde, más de quinientos metros cúbicos implican más de mil toneladas de cemento y fierro, según declaran en entrevista ingenieros de Cemex, empresa responsable de la cimentación de los aerogeneradores en diversos parques de la región en julio de 2015.

En el caso del polémico parque de Eólica del Sur, aprobado desde junio del 2014 por Semarnat y el pasado 30 de julio por una consulta manipulada por el presidente municipal de Juchitán, en ningún documento del proyecto o estudio de impacto se refiere al pernicioso efecto que provocarán más de 150 mil toneladas de fierro y cemento como base de 132 aerogeneradores proyectados para este parque.

Empresas, gobiernos y la mayoría de la opinión pública, continúan ignorando que la región es el corredor mundial más importante de aves migratorias. El Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz, documentó, para el el caso de la Manifestación de Impacto Ecológico, MIA, de La Venta II, la circulación de más de 600 mil aves en un día, volando a alturas susceptibles de ser afectadas por las aspas de los aerogeneradores. Esto sin considerar la importancia del tránsito de murciélagos y su afectación. Oficialmente se reconocen 269 cadáveres de 59 especies de aves al año en los alrededores de los aerogeneradores de un parque eólico; conservadoramente es probable la existencia de más de 3 mil cadáveres en el conjunto del corredor eólico.

El derrame de aceite de las turbinas de decenas de aerogeneradores de los parques es fuente de contaminación en suelo, aire y agua. Un factor tampoco considerado en los documentos de MIA de todos los parques. Tampoco se considera el ruido con niveles superiores a 90 decibeles al interior de los parques que afecta a la población de zonas habitadas circunvecinas.

En la consulta recién hecha para la autorización del parque Eólica del Sur, en Juchitán, de acuerdo con la Misión de Observación integrada por organismos de derechos humanos, se violaron los principios de: “participación, buena fe, transparencia, consulta culturalmente adecuada, consulta informada y deber de obtener el consentimiento”.

La planicie costera del sur del istmo de Tehuantepec ha sido fuente de corrupción y de grandes negocios para brindar “seguridad”, pero en realidad se trata de campañas y acciones para amedrentar y amenazar a dirigentes y personas que manifiestan su oposición a los proyectos eólicos.

La imposición de los parques eólicos por empresas y políticos, así como los impactos ambientales ignorados por los evaluadores de las instancias oficiales federales puede ocasionar que en el futuro la región sufra alteraciones ambientales incalculables y se convierta en basurero de las compañías generadoras de electricidad “limpia”. A lo anterior se suman las concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras en los municipios y bienes comunales de Ixtepec y San Miguel Chimalapa. El neoliberalismo en todo su esplendor y a expensas del bienestar y el futuro de las comunidades locales y el medio ambiente.

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