A pesar de que el artículo primero de la Constitución señala que en México todas las personas gozarán de los mismo derechos y que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de éstos conforme a la ley, la realidad es diferente, advirtió Salvador Vega y León, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Los hechos de hace un año en Iguala lo evidenciaron. El caso Ayotzinapa se constituyó como uno con las más graves violaciones de derechos humanos en la historia reciente de México. Así lo considera la Organización de Naciones Unidas, que dice que es fundamental establecer responsabilidades de quienes participaron en los hechos.

Las desapariciones forzadas las cometen agentes del Estado o personas que actúan en su nombre, y se niegan a reconocerlo u ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley, indicó.

Al inaugurar el foro internacional sobre personas desaparecidas en México, que se realizó en el campus Xochimilco de la UAM, Vega y León expresó que a decir de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (artículo 5), esta práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad.

Para Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad Columbia de Nueva York, no queda duda de que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa debe ser tratada como delito de lesa humanidad, y los responsables ser juzgados ante la Corte Penal Internacional.

Al participar en el foro vía Internet, Buscaglia aseguró que lo anterior tiene sustento jurídico en el derecho internacional, en particular en el Estatuto de Roma (que da jurisdicción a ese tribunal, con sede en La Haya, Holanda).

Además expresó que México no cuenta con una política de Estado integral que judicialice todos los casos de denuncia a través de fiscalías especializadas en desaparición forzada y brinde protección patrimonial y física de testigos y denunciantes.

Por su parte, Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), manifestó que trabajarán en un plan integral para la reparación del daño de las familias afectadas por el ataque cometido contra normalistas ocurrido en Iguala.

Vamos a comenzar con los que fallecieron, que son seis, tres normalistas y tres personas más que murieron en esos hechos, así como de todas las personas heridas, que ya ameritan una reparación y una atención más intensa.