La notificación extraoficial de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) en la que ordenaba a Banobras dar a conocer las actas del comité ejecutivo por las que autorizó un crédito a una filial del Grupo Higa por 2 mil 775 millones de pesos propició que el corporativo promoviera un amparo y detuviera la apertura de la información hasta que el asunto se resuelva de fondo.

En la promoción del recurso, el corporativo notificó al juez que le concedió el amparo que se enteró de la resolución por una notificación de Banobras. Ante esta situación, el comisionado Joel Salas calificó de poco ético el comportamiento del sujeto obligado, porque propicia de facto revertir temporalmente una resolución del Inai que es inatacable.

Infortunadamente, agregó el comisionado, este tipo de actuaciones se han repetido en otros casos como los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o Petróleos Mexicanos. En la actualidad, existen nueve resoluciones detenidas por la promoción de amparos contra las decisiones del Inai.

Salas reconoció que las personas físicas o morales están en todo su derecho de promover acciones cuando consideren que alguna resolución del Inai pueda afectar sus intereses. Esta es una opción legal, por lo que por esa parte no hay objeción.

Aquí el tema es que al final el sujeto obligado le dice a la empresa que ya va a tener que entregar la información, de acuerdo con lo resuelto, por el Inai; lo que llama la atención es que en la notificación del juez al Inai es como nos enteramos de que Banobras informó a la empresa de la resolución, que se consideró afectada en la divulgación de datos personales.