abitantes de Chilapa vuelven a vivir el terror que los invadió en los primeros días de mayo pasado, cuando decenas de individuos –que posteriormente dijeron ser policías comunitarios– se apoderaron de la ciudad y desaparecieron a 16 personas, cuya presentación siguen demandando sus familiares sin resultado positivo alguno.

Enviados por el gobierno de la República, dos o tres veces han estado en la ciudad agentes del Ministerio Público, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales para atender las denuncias de desapareciones; sin embargo, siguen sin ofrecer una respuesta.

Cinco días después de haber tomado la ciudad, los civiles negociaron con Ejército y policías federales su retiro, pero a los desaparecidos no los presentaron ni han aclarado qué hicieron con ellos. Ni la Fiscalía General del Estado ni la Procuraduría General de la República les han exigido cuentas y ahora públicamente han anunciado su regreso porque, aducen, el gobierno no ha cumplido con dar seguridad al municipio.

El gobernador Rogelio Ortega Martínez se comprometió a proteger a la población, pero no lo ha hecho. Ni la presencia del Ejército y la Policía Federal ha logrado dar tranquilidad a la población, pues persiste la comisión de ilícitos sin que alguien los frene.

Ha sido reiterado el señalamiento de que los civiles que se apoderaron de la ciudad tienen vínculos con la delincuencia organizada y que buscan favorecer a uno de los grupos delictivos, lo que no sido razón suficiente para que el gobierno de la República ponga interés.

Así estén rodeados de soldados y policías, los chilapeños viven en la zozobra. Por ello resulta muy oportuna la alerta lanzada por el dirigente Ranferi Hernández Acevedo.

Cuanto movimiento han hecho los familiares de desaparecidos ha sido insuficiente para que el gobierno actúe en forma efectiva, busque a los desaparecidos y restablezca el orden y la tranquilidad en esta encrucijada.