Aguascalientes, Ags.

La procuradora General de la República, Arely Gómez, afirmó que los trabajos conjuntos de las instancias de procuración de justicia han permitido reducir la violencia en el país con la finalidad de alcanzar un sistema que tenga como meta el bienestar de la sociedad.

En la segunda sesión ordinaria de la zona occidental de la conferencia de Procuración de Justicia, dijo que en los últimos dos años, se han aprobado más de 10 protocolos que permiten homologar a escala nacional la investigación y persecución de delitos, lo que incrementa un frente unido contra la delincuencia.

Indicó que es una tarea que reclama la participación de todos los niveles y órdenes de gobierno para trazar estrategias comunes y diseñar acciones conjuntas, y subrayó el protocolo de atención a periodistas, que se ha complementado con el de medidas preventivas y urgentes para proteger al gremio.

Señaló que se ha logrado concretar otros mecanismos de actuación, como el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas o el de la investigación del delito de la tortura.

Mencionó que estos protocolos han sentado las bases para concretarlos con más efectividad y transparencia ante la sociedad, mejorando la atención a víctimas de los delitos más graves, lo que permite fortalecer la confianza ciudadana en la procuración de justicia.

Es posible construir un nuevo esquema mucho más eficaz, transparente y respetuoso de los derechos, centrado en la atención a las víctimas del delito. Reitero mi compromiso inquebrantable con una procuración de justicia más cercana a la gente, que cierre el paso a la impunidad, expresó.

Afirmó que se han hecho esfuerzos muy importantes para garantizar la igualdad, el acceso a la justicia, el respeto a la vida y a la integridad física y patrimonial, como la creación de la Unidad de Género de la PGR. Se han organizado consultas públicas, dijo, sobre el proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y he dado enorme impulso a la implementación del sistema penal acusatorio. Sin embargo, la lucha contra el delito no es la causa exclusiva de una instancia u orden de gobierno.