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Campesinos impugnan permisos

SCJN resolverá amparos contra soya transgénica
 
Periódico La Jornada
Sábado 17 de octubre de 2015, p. 12

El próximo día 28 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de resolver el futuro inmediato de los cultivos transgénicos en México. En la Cámara de Diputados, el Partido de la Revolución Democrática se sumó al reclamo de organizaciones campesinas y ambientalistas de Campeche, Yucatán y Chiapas, que buscan la derogación de los permisos otorgados a la trasnacional Monsanto Comercial para cultivar 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica en los dos primeros estados.

Una vez otorgados amparos contra dichas autorizaciones, las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) interpusieron recursos de revisión, que serán resueltos en la fecha citada. Ambas dependencias pretenden que la trasnacional continúe cultivando la soya transgénica en el país.

Fernando Rubio, diputado perredista, consideró que no resulta exagerado decir que de la decisión de la Suprema Corte dependerá el futuro de la biodiversidad, de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho del pueblo mexicano a una alimentación sana y nutritiva.

Los recursos, presentados por las comunidades mayas de Pac-Chen y Cancabchen y por asociaciones de apicultores mayas de Campeche y de Yucatán, pretenden que Monsanto no desplace a la agricultura tradicional con productos transgénicos. Los amparos manifiestan la violación de derechos constitucionales de las comunidades indígenas y pretenden que la opinión pública conozca los daños económicos, sociales y medioambientales por la liberación de la soya genéticamente modificada.

El 7 de marzo de 2014 –tras dos años de litigio– el juzgado segundo de distrito, con sede en la ciudad de Campeche, otorgó el amparo a las comunidades, el cual prohibió la siembra de soya transgénica en todo Campeche, al considerar que Semarnat y Sagarpa violaron el derecho constitucional de las comunidades mayas a una consulta libre, previa e informada. Asimismo, reconoció que ese cultivo afecta la práctica tradicional de las comunidades mayas en la producción de miel de alta calidad para exportación.