Michel Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios, destacó que ‘‘en fosas clandestinas de diversos estados se encuentran muchas de las personas que buscamos, pero la autoridad también debe hallar con vida a los desaparecidos, porque hay testimonios de que algunos estuvieron realizando trabajos forzosos para el crimen organizado’’.

Al participar en el foro Hacia la dictaminación de la ley de desaparición forzada, organizado por el Senado, Chamberlain aseveró que ‘‘la ley que se apruebe tiene que hacer la diferencia de los últimos nueve años; debe atender las necesidades de los desaparecidos, su contexto y la situación de sus familiares, los cuales pierden su patrimonio en la búsqueda de su ser querido’’.

El también acompañante de familiares de 519 desaparecidos del norte del país, cuyos familiares se han aglutinado en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), insistió en que la ley ‘‘tiene que considerar la realidad que vivimos. Tenemos altísisma impunidad, corrupción, delitos que no se investigan. (Es necesario) que todas las procuradurías de los estados se pongan a buscar a los desaparecidos; si no los han buscado, ¿cuál va a ser la diferencia? En muchos gobiernos locales hay colusión con el crimen, por eso no los buscan’’.

Chamberlain acusó: ‘‘Las autoridades hacen la búsqueda individual de los desaparecidos, cuando tienen que hacerla por grupos, una búsqueda conceptual. Miren, les voy a exponer un caso: en la búsqueda de una menor desaparecida, la Procuraduría General de la República la encontró en Tapachula, Chiapas. A esa joven de 15 años la tenían con muchas otras niñas, pero la procuraduría sólo se la llevó a ella y dejó a las demás’’.

Yadira González, en representación de Desaparecidos Justicia Querétaro, refirió: ‘‘Esa jovencita de 15 años de la que habló Chamberlain fue encontrada con vida, pero desde entonces padece depresión y angustia. No sólo por lo que le sucedió a ella, sino por niñas que dejó atrás solas. Ha tenido tres intentos de suicidio. Todas las noches piensa en esas niñas a las que la PGR no rescató porque sólo buscaba a una’’.

Alejandra Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dijo que en Chihuahua, en el municipio de Cuauhtémoc, se tiene un registro de 355 personas desaparecidas y ‘‘hay un solo agente que investiga todos esos casos’’.

Esa organización, resaltó, tiene 110 casos de desaparición de personas, pero ‘‘acompañamos a 310 familiares’’ en su búsqueda.

Por otra parte, diversas organizaciones y colectivos civiles y de derechos humanos expresaron que aunque en el Senado se iniciaron los trabajos para dictaminar las iniciativas sobre la ley en la materia, existe ‘‘mucha incertidumbre’’ ante el contenido de la propuesta que se comprometió enviar el presidente Enrique Peña Nieto, ya que finalmente marcará el destino de dicha ley.

La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada señaló que esta ‘‘preocupación’’ surge ante la constante negativa del gobierno mexicano por reconocer la grave crisis en materia de derechos humanos que vive el país, y que se ha reflejado en las críticas a las organizaciones que en los meses recientes han presentado múltiples observaciones sobre la materia.

Insistieron en que los senadores tienen desde hace tiempo ‘‘todas las aportaciones y propuestas’’ que desde la sociedad civil se han formulado para la elaboración de una ley eficaz que responda a los principios de justicia y reparación del daño.

Sin embargo, demandaron que la nueva ley general de desapariciones forzadas tome realmente en cuenta las opiniones y vivencias de los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales.

Integrada por 160 organizaciones nacionales e internacionales, así como un millar de personalidades de diversos ámbitos, la campaña dijo que su preocupación se basa en que a pesar de que el gobierno mexicano se ha sometido reiteradamente al escrutinio internacional, pareciera que lo hace sólo por cumplir con un requisito al que está obligado.