Ex consejeros locales impugnaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de destituir a 22 en 12 estados, con el argumento de que ya habían cumplido tres procesos comiciales en esos encargos.

Plantearon al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las limitaciones impuestas por el INE no deben ser arbitrarias, caprichosas o injustificadas, sino que para que resulten válidas tienen que estar sujetas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.

La decisión de destituir a estos consejeros generó un amplio debate en la sesión del Consejo General del INE del miércoles pasado, porque a decir de Morena y del PRD, fue decisión de Marco Antonio Baños para favorecer a su patrón, el dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

En su escrito, Daniela Griego Ceballos explica que causa agravio a sus derechos que se le excluya de forma indebida de ser considerada para el cargo de consejera electoral en Veracruz, al interpretarse en forma incorrecta la ley en la materia.

Señala que si bien el Consejo General del INE cuenta con la atribución de designar a los miembros de los consejos locales en los estados, tal atribución está limitada a una temporalidad, antes del inicio de los procesos electorales, y no que en forma arbitraria restrinja derechos fundamentales.

Con similares argumentos se inconformó Luis Octavio Hernández Lara, también ex consejero local en Veracruz.

José Roberto Ruiz Saldaña acusó a sus colegas del INE de hacer estos movimientos para librarse de tres consejeros locales surgidos de la sociedad civil, y que, añadió el representante del PRD, Pablo Gómez, son incómodos para el gobernador priísta Javier Duarte.