Cuatro falacias sobre la “consulta
ciudadana” acerca del CCCO

Arte: Sergio Hernández

Isidro Yescas
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A solicitud del gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) organizó el pasado 4 de octubre una “consulta ciudadana” para que los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez decidieran con su voto si estaban a favor o en contra de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) en el cerro de El Fortín.

El resultado de este “inédito ejercicio de participación ciudadana”, como lo calificaron el gobierno del estado y la autoridad electoral, fue que de un universo de poco más de 214 mil electores potenciales, sufragaron 19 mil 210, de los cuales 13 mil 209 se manifestaron a favor; 5 mil 504 en contra y 497 boletas fueron anuladas. En otras palabras, quienes salieron a votar solo representaron el 8.96 por ciento del listado nominal, contra un 91 por ciento que se abstuvo de concurrir a una consulta que, de principio a fin, careció de legalidad, certeza e imparcialidad. No obstante que no tuvo carácter vinculatorio, le servirá al gobierno estatal para justificar su determinación de concluir la segunda etapa del CCCO y avanzar, si el tiempo electoral se lo permite, con la tercera y última etapa de un proyecto que atenta contra el patrimonio histórico, ecológico y cultural de los oaxaqueños.

¿Por qué esta consulta fue ilegal, careció de certeza jurídica, resultó totalmente parcial e inequitativa y para nada constituyó un ejercicio democrático?

La consulta ciudadana no fue legal. Esta figura jurídica no existe en la constitución política del estado y tampoco en la Ley de Participación Ciudadana. En esta ley se consideran como mecanismos de participación ciudadana el referéndum, el plebiscito, la audiencia pública, el cabildo abierto, la revocación de mandato y los consejos consultivos ciudadanos. Y a nivel federal contamos con la consulta popular.

Esperando a algún votante

Para atender la petición del gobernador, el Consejo General del IEEPCO interpretó a modo la citada ley que en su Artículo 1 abre la posibilidad de recurrir a otras formas de participación ciudadana “previstos en otros ordenamientos”. Sin embargo, la “consulta ciudadana” no aparece en ningún otro ordenamiento constitucional y legal de Oaxaca, de tal suerte que ante la ausencia de un procedimiento ya establecido en la ley para procesar y validar la realización de la consulta, los consejeros electorales aprobaron la firma de un convenio de colaboración entre el consejero presidente del Consejo General del IEEPCO, Gustavo Meixueiro y el gobernador del estado.

Este convenio se suscribió el 22 de septiembre y en forma indebida se delegó en el gobierno del estado la difusión institucional de la consulta ciudadana a través de los medios de comunicación masiva.

La consulta careció de certeza. Si entendemos por certeza que las decisiones y acciones de todo órgano electoral deben estar dotados de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, entonces la consulta que organizó el IEEPCO careció de ella. No solamente por violar la Ley de Participación Ciudadana y la Constitución local, sino porque en el convenio suscrito con el gobierno del estado prácticamente trascribieron las propuestas del jefe del Poder Ejecutivo estatal en lo que hace a la fecha, ámbito territorial, objeto de la consulta y difusión de la misma.

Faltaron a la verdad al no apegarse a los hechos, porque sin conocer el fondo de la controversia sostenida desde meses atrás entre organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la construcción del CCCO en el cerro de El Fortín y la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, primero acordaron la realización de la consulta y después invitaron a las partes a un diálogo público. El fruto de dicho encuentro fue que ante la contundencia de los argumentos expuestos por los representantes de Pro-Oax y el Colegio Libre e Independiente de Arquitectos, el grupo de académicos del Instituto Tecnológico de Oaxaca y de tres universidades privadas, declinaron la invitación del IEEPCO para formular las preguntas y validar la consulta.

Ésta es la zona directamente afectada

La consulta no fue imparcial, ni libre ni equitativa. Si de una elección constitucional se tratara ya la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales hubiese acumulado un sinfín de denuncias por delitos electorales cometidos por funcionarios públicos del gobierno estatal, quienes en horas de trabajo dictaron órdenes a sus trabajadores para que el domingo 4 de octubre votaran a favor de la propuesta gubernamental de construir el CCCO. Y aun más: como en los viejos tiempos del PRI, les ordenaron “invitar” a diez amigos o familiares para votar en el mismo sentido.

Y tampoco fue equitativa porque la “difusión institucional” de la consulta solamente sirvió para incrementar la campaña gubernamental a favor del CCCO, iniciada desde el pasado junio, a través de spots en radio y televisión; desplegados suscritos por el mismo gobierno del estado y por organizaciones clientelares, mayoritariamente priistas y otras “fantasmas”; entrevistas a modo, anuncios espectaculares y con la colocación de calcomanías en taxis de diversos sitios de la ciudad. En un vano intento por hacer respetar los términos del convenio suscrito por el IEEPCO y el gobierno del estado, este último, atendiendo un exhorto de la autoridad electoral, 48 horas antes del 4 de octubre suspendió parcialmente la publicidad gubernamental a favor del CCCO.

Y para lavarse las manos, el Instituto Nacional Electoral, INE, a quien el maestro Francisco Toledo y otros directivos del Pro-Oax habían solicitado su intervención, optó finalmente por negarle al IEEPCO la lista nominal de electores, sin pronunciarse a favor o en contra de la realización de la consulta.

La consulta no fue un ejercicio democrático ni transparente. En un escenario como el descrito, acompañado además de una campaña oficiosa para desacreditar la trayectoria personal y profesional de los artistas plásticos Francisco Toledo y Sergio Hernández, la consulta concluyó, como ya se había previsto desde el momento mismo de su convocatoria, con una victoria oficial pírrica y dudosa, obtenida a base de la compra y coacción del voto, amenazas a dirigentes empresariales, con una publicidad engañosa y ocultando los verdaderos motivos que están detrás de su desmedido interés para levantar su obra sexenal en el lugar menos indicado.

Aunque en apariencia el gobierno de Cué ganó con esta consulta, la realidad es que, además de socavar la independencia y credibilidad del órgano electoral, agudizó las críticas de amplias franjas de la ciudadanía oaxaqueña hacia su administración, hoy sometido irremediablemente al escrutinio de la opinión pública nacional ante el fin de su mandato y el inicio del proceso electoral para renovar la gubernatura, el congreso local y 153 ayuntamientos.