Sociedad y Justicia
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“Operativo entre empresa, charros y autoridad laboral”

Recuento sindical en Honda, bajo amenazas: observadores
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 25 de octubre de 2015, p. 30

Observadores presentes en el recuento sindical en la empresa Honda de México, ubicada en Jalisco, dijeron que el proceso para determinar cuál grupo tendrá la titularidad del contrato colectivo, se llevó a cabo bajo presión intimidatoria, tanto de la empresa como del sindicato actual.

Laura Carter, de IndustriAll Global Union, dijo que el 15 de octubre pasado, en contra de lo que marca la ley, el procedimiento se realizó sin un padrón confiable ni seguridad para los votantes, y en cambio se comprobó la existencia de presión y amenazas a los simpatizantes y dirigentes del grupo peticionario del recuento: Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México.

En nombre de los observadores internacionales, dijo que se le impidió el paso a las instalaciones –la planta–, por lo que no le fue posible detallar todo el proceso. Con base en reportes de trabajadores que estaban adentro se dijo que se les amenazaba mientras votaban; una forma frecuente era que si emitían sufragios por el sindicato independiente la planta cerraría.

Nadia de Jesús Pacheco, del grupo de observadores nacionales, dijo que la empresa, autoridades laborales y el “sindicato charro” montaron un gran operativo para impedir el libre ejercicio del voto sindical.

Asimismo, hubo retraso en el inicio del recuento; presencia de policía estatal adentro de la planta; votos de personas ajenas y a trabajadores que tenían derecho a sufragar se les imposibilitó hacerlo.

Tampoco se permitió la entrada a tiempo a la representación del gremio independiente, “mientras los líderes charros ya estaban dentro, junto con las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), lo que evidenció una actitud favorable al sindicato de protección patronal de la CTM y simpatizante de la empresa”.

La asesora legal del sindicato solicitante del recuento, Patricia Juan Pineda, dijo que la JFCA aplazó durante años el procedimiento y nunca obligó a la empresa a cumplir la ley para tener un padrón confiable; tampoco actuó con imparcialidad, entre otras irregularidades, informó el Centro de Información Laboral y Asesoría Sindical.