Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no atraer el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde 2007, se niega a corto plazo la posibilidad de que sean buscados en cárceles, zonas y campos militares. Pero además, se fortalece la postura gubernamental de no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas, abogados y académicos lamentaron esta decisión de la Corte, la cual contraviene al noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que en su sentencia determinó que se debía citar a declarar a los mandos castrenses y civiles que ejercían sus cargos en el momento de la detención y desaparición de los dos integrantes del EPR.

Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Desaparecidos ¡Hasta encontrarlos!, destacó que la resolución judicial, dictada desde junio de 2014, también ordenaba a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que permitiera a una comisión integrada por peritos, agentes del Ministerio Público y abogados inspeccionar campos militares en Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal para documentar la existencia de restos humanos que pudiesen permanecer enterrados.

Pero las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y militares se han negado reiteradamente a acatar la resolución judicial, por lo que se pidió la intervención de la SCJN. ‘‘No vemos voluntad política del Estado mexicano para resolver de fondo la crisis de derechos humanos y persiste la impunidad’’, dijo Nadín, hija de uno de los dos desaparecidos.