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Imputan delincuencia organizada al perredista Eric Ramírez y a Adán Casarrubias

Jefe narco y el edil de Cocula declaran ante el MPF
 
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2015, p. 5

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) mantiene en calidad de presuntos responsables de la comisión ilícitos contra la salud y delincuencia organizada al alcalde de Cocula, Guerrero, el perredista Eric Ulises Ramírez, y a Adán Casarrubias Salgado, identificado como uno de los líderes del cártel Guerreros unidos, quienes se encuentran rindiendo su declaración.

Funcionarios federales revelaron que durante el operativo del jueves en Cuernavaca fueron capturadas siete personas en total; de cinco no se ha revelado su identidad, pero también permanecen en calidad de detenidas ante el Ministerio Público Federal.

El alcalde recientemente electo fue candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en sus primeras declaraciones a un medio de comunicación prometió cambiar el rostro del municipio de Cocula, uno de los ayuntamientos en que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa puso al descubierto vínculos entre la policía municipal y el crimen organizado.

El alcalde, electo para el periodo 2015-18, aseguró que devolvería la seguridad y generaría confianza entre la ciudadanía.

Sin embargo, a poco más de un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, el alcalde fue aprehendido durante un operativo del Ejército Mexicano y la Policía Federal, cuando estaba reunido con Adán Casarrubias, El Tomate, uno de los líderes del grupo criminal al que se le atribuye el homicidio y desaparición de los normalistas.

En tanto, Adán Casarrubias ascendió en el liderazgo de Guerreros tras la detención de su hermano Sidronio Casarrubias, quien, según la PGR, fue informado y autorizó acciones por parte de Guerreros unidos contra los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre en Cocula e Iguala.

El Ministerio Público Federal tiene hasta el próximo lunes para definir la situación jurídica de los siete detenidos, y bien puede consignarlos ante un juez federal al haber sido aprehendidos en flagrancia o puede solicitar un arraigo.