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En Baja California, robar ganado o un auto es considerado delito grave; el feminicidio, no

Activistas y Congreso de QR pedirán a Gobernación emitir alerta de género

Roberto Borge ve campaña contra su gobierno con fines electorales

El procurador admite crímenes y dice que acatará la decisión federal

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Integrantes de organizaciones civiles y otros habitantes de Cancún, Quintana Roo, se manifestaron el pasado primero de noviembre en repudio a los recientes asesinatos de mujeres en la ciudad, entre ellos el de la estudiante María Karen Carrasco CastillaFoto Patricia Vázquez Pérez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2015, p. 33

Cancún, QR.

Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) anunciaron que, con el respaldo de la comisión de derechos humanos del congreso local, solicitarán a la Secretaría de Gobernación (SG) emitir alerta de género para Cancún, debido a que el gobierno del estado rehúsa pedir que se active este mecanismo de protección a las mujeres a pesar de los asesinatos recientes.

En respuesta, el gobernador Roberto Borge Angulo acusó a grupos que tienen intereses mezquinos de politizar hechos tan lamentables y tragedias de familias de cara a las elecciones del próximo año

Desde la Feria Turística de Londres, dijo: Me indigna la actitud de seres que tratan de sacar provecho político de tragedias familiares. Ustedes saben cuáles son; no son parte del partido político al cual yo represento.

En entrevista con una estación de radio local, agregó que no se puede comparar Cancún con Ciudad Juárez, Chihuahua, y tampoco se puede hablar de feminicidios cuando ya se comprobó que los casos no están relacionados. No se puede hablar a la ligera. Acusó a algunas ONG de estar vinculadas con partidos políticos.

En conferencia de prensa, Rosa María Márquez Pérez, presidenta de la Red por la Equidad y Derechos Humanos –que agrupa a 15 organizaciones civiles–, afirmó que en años recientes 23 mujeres han sido asesinadas con violencia extrema, agredidas sexualmente y tiradas en la calle, con lo cual se tipifica claramente el delito de feminicidio.

La activista pidió al Congreso estatal llamar a comparecer al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Carlos Arturo Álvarez Escalera, y a los secretarios de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez, y a su homólogo de Cancún, Jaime Alberto Ongay Ortiz, para que expliquen el destino de los fondos que recibe la entidad al amparo de la Ley General de Seguridad Pública, porque no se ejercen profesionalmente.

El presidente de la comisión de derechos humanos del Congreso local, Sergio Bolio Rosado, anunció que acompañará a las ONG para buscar que la SG declare alerta de género, pues ello permitirá destinar recursos para prevenir asesinatos y brindar atención integral a las mujeres maltratadas y a sus familias.

La regidora perredista de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete, advirtió: Las mujeres de Cancún están en alerta y se debe declarar el toque de queda. Les recomendó no salir a la calle, a menos que lo hagan en grupos no menores de tres, evitar sitios oscuros, reportar luminarias apagadas, no distraerse con los teléfonos celulares, evitar los tacones altos, no pasar por lotes baldíos ni portar bolsos llamativos o grandes e ir por los hijos a la escuela.

En un comunicado, el procurador afirmó que corresponde a la SG declarar la alerta de género por feminicidios en Cancún. Si lo hace, aseguró, él y el gobernador la acatarán.

Por tarde, Álvarez Escalera informó en conferencia sobre la detención de César Castillo Ríos como presunto responsable del homicidio de Abril Alejandra López Valencia, cuyo cuerpo fue encontrado en el kilómetro 17 de la zona hotelera. La necropsia, agregó, reveló que la causa de muerte fue una hemorragia craneal interna derivada de un golpe.

También dio a conocer la fotografía de Néstor Orlando Cel Carrillo, policía municipal acusado de uno de los asesinatos recientes, quien se fugó a Mérida, Yucatán. La PGJE envió oficio de colaboración a la Fiscalía de Yucatán para su captura.

Este año, 83 mujeres asesinadas en el estado

Antonio Heras Corresponsal

Mexicali, BC.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en 2015 han sido asesinadas 83 mujeres en Baja California (22 en Mexicali) y todos los casos siguen impunes, debido, entre otras causas, a un error del Congreso local.

En marzo pasado, el Legislativo reformó al artículo 129 del Código Penal para tipificar el feminicidio, pero no detalló su gravedad y, por tanto, se le excluyó del Código de Procedimientos Penales del Estado, que rige en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, a diferencia de Mexicali, donde se aplican los juicios orales.

La modificación se publicó en abril en el Periódico Oficial del Estado. Menciona que comete feminicidio quien de manera dolosa prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género y haya existido relación de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique confianza, subordinación o superioridad, o cuando la víctima presente signos de violencia sexual o lesiones.

En la lista de delitos graves del artículo 123 del Código de Procedimientos Penales aparecen el abigeato y el robo de vehículos, entre otros, pero no el feminicidio.

Así, los inculpados por este delito en Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito pueden salir libres bajo fianza.

La PGJE reconoció que aún no hay un solo sentenciado por feminicidio en el estado.

Los delitos de violencia contra mujeres tienen una complejidad técnica-jurídica que, en combinación con la magra capacitación de quienes procuran e imparten justicia, crea un binomio perverso de impunidad e injusticia, señaló la abogada Elvira Luna.