l reordenamiento del mercado de las drogas, con la liberalización del consumo en varios lugares de Estados Unidos, y la reformulación de los objetivos empresariales de los cárteles mexicanos (concentrados más en las drogas sintéticas y los productos clásicos, pero de alto costo, como la cocaína) han sido bien correspondidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar el primer paso procesal en la ruta casi irreversible de la flexibilización en cuanto a la producción y el consumo personales (por lo pronto) de la mariguana.

A ese primer desenlace favorable para cuatro demandantes del recurso de amparo ha seguido una serie de declaraciones, iniciativas y propuestas que se encaminan inequívocamente a la búsqueda de que se permita abiertamente el consumo personal de la famosa planta, que forma parte de la familia de las cannabáceas. Enrique Peña Nieto envió, a unas horas de la decisión de la Corte, a su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y a su vocero, Eduardo Sánchez, a tratar de contradecir la obviedad de que se está abriendo la puerta a la legalización de ese consumo. El nunca bien comprendido personaje de esta columneja, don Periscopio Contreras, recordaría de inmediato que en cuanto más afán muestra esta administración en postular algo, hay pleno derecho histórico a pensar que se pretende hacer todo lo contrario.

En un sistema político tan rígido, y actualmente tan sujeto a los designios del poder presidencial, resultaría sumamente extraordinario, casi un milagro, que en un tema tan delicado, que tiene implicaciones de seguridad nacional, se hubiera producido un histórico gesto de independencia de criterio de los ministros de una Suprema Corte tan sometidos como están y tan sometidos como se les pretende exhibir en estos días, a propósito de la imposición de nuevos integrantes. Ya antes se les insertó a Eduardo Medina Mora, sin experiencia ni méritos en el terreno judicial, con historial negativo como procurador federal de justicia y como secretario de seguridad pública. Y ahora cavila Los Pinos para decidir a cuál subordinado directo y a cuál aliado, como cuota panista, postulará para cubrir las dos vacantes en turno.

La promoción judicial tan sorpresivamente exitosa fue hecha por integrantes de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD: www.mucd.org.mx), que preside Josefina Ricaño Nava, madre de un joven asesinado en el torbellino de violencia impune que vive el país desde hace décadas. Ella fundó dicha asociación civil no lucrativa el 11 de noviembre de 1997 y tuvo uno de sus momentos cumbre en cuanto a movilización y convocatoria públicas dieciocho días después, con una marcha pacífica y silenciosa, la mayoría de los partícipes vestidos de blanco, que desembocó en el Zócalo capitalino. En agosto de 1998 estuvo en el acto oficial, encabezado por Ernesto Zedillo, de lanzamiento de una cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia. En actos similares organizados por los siguientes ocupantes de Los Pinos, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se ha tomado como representantes de la sociedad civil a ciertos dirigentes de este tipo de asociaciones (una de ellos incluso fue candidata del PAN calderonista a la jefatura del gobierno capitalino).

Tres de esos promotores del amparo flexibilizador no son activistas tradicionales en pro de la despenalización del consumo de mariguana. Uno de ellos, Armando Santacruz González, es presidente del grupo Pochteca, dedicado a los rubros de papel, alimentos, lubricantes, químicos, solventes y mezclas, que cotiza incluso en la Bolsa Mexicana de Valores. Juan Francisco Torres Landa (secretario general del MUCD) es abogado y como tal fue acusado en 2005 de tener información sobre los sobornos de Walmart a funcionarios y políticos mexicanos y no haber actuado jurídica y cívicamente en consecuencia (congresistas estadunidenses mostraron un correo electrónico en el que Torres Landa informaba a la asesora general de la matriz de Walmart, Maritza Munich, de contribuciones para facilitar trámites en el Distrito Federal, con el entonces legislador Graco Ramírez como intermediario). José Pablo Girault Ruiz es vocal de la Fundación Rafael Dondé, institución de asistencia privada que apoya programas educativos y opera casas de empeño.

La decisión de solicitar el amparo fue organizada a través de la Sociedad Mexicana para el Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), con integrantes del mencionado MUCD, y su punto de arranque se dio en junio de este año, a partir de la solicitud del padre de la niña Graciela Elizalde de conseguir autorización oficial para usar mariguana en un tratamiento médico. Más que las marchas juveniles, las pancartas contestatarias, los humeantes plantones e incluso las promociones de legisladores perredistas, como lo fue Fernando Belaunzarán, lo que funcionó esta vez fue la iniciativa empujada por el mencionado Movimiento Unido contra la Delincuencia.

Los planetas institucionales tan súbitamente alineados para permitir producción y consumo personal de estos cuatro personajes, con la ya varias veces mencionada apertura de puertas a una flexibilización generalizada, ha sido saludada positivamente por el gobierno de Estados Unidos, que ha dejado en el gobierno mexicano (¿era necesario decir algo que debería ser obvio?) la decisión de legalizar o no ese asunto. Desde luego, el cantado desenvolvimiento de esta apertura comercial será aprovechado por empresarios y políticos. Vicente Fox Quesada es uno de ellos, dispuesto desde ahora para sembrar y comercializar la mariguana en cuanto le sea permitido. Negocio es negocio.

Y, mientras continúa el debate respecto al otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez al empresario Alberto Bailleres (hay una etiqueta en Twitter: #NoAlMagnateBailleres ), en una entrega Totalmente Palacio Nacional que se realizará en el Senado, en recuerdo de un mexicano que fue asesinado por denunciar los abusos del poder presidencial que causaba miseria, asesinatos e injusticia en toda la nación, ¡hasta el próximo lunes!

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