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Participa Arely Gómez en encuentro de procuradores de la zona sureste

El sistema penal acusatorio debe actuar en estricto apego a los derechos humanos: PGR

El año próximo los mexicanos recibirán una justicia más expedita y transparente, señala

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 14 de noviembre de 2015, p. 19

Campeche, Camp.

El nuevo sistema procesal penal acusatorio debe apegarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas, pero antes, debe regirse a un estricto respeto y defensa de los derechos humanos, sostuvo ante procuradores y fiscales del sureste del país Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al participar en la segunda sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) zona sureste, Gómez González recordó que a partir del 18 de junio de 2016, México entrará en una nueva era en que la ciudadanía recibirá una atención más expedita y transparente.

Lo anterior combatirá la saturación del sistema penal, a través de la vinculación entre policías y el Ministerio Público, las investigaciones se integrarán con base en estándares de calidad y eficacia mucho más altos, destacó.

Aspiramos a una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, participar activamente y cumplir sus obligaciones en el marco de una democracia plena. Por esa razón ninguna persona debe ser debe ser víctima de la falta de seguridad, de la opacidad o de una inadecuada procuración de justicia.

Llama a fiscales a colaborar

La funcionaria exhortó a los fiscales y procuradores a establecer nuevos mecanismos de colaboración, porque la exigencia de seguridad y justicia debemos enfocarla a obtener resultados, reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad en beneficio de todos.

Juan Manuel Herrera Campos, fiscal general de Campeche, destacó que la Conferencia Regional de Procuración de Justicia pretende operar de manera conjunta en la región para compartir estrategias e información que cierren rutas de escape e impunidad a la delincuencia.

En el Centro de Convenciones Campeche XXI, se reunieron los fiscales Raciel López Salazar, de Chiapas; Miguel Ángel Godínez Muñoz, de Guerrero; Héctor Joaquín Carrillo Gil, de Oaxaca; Arturo Álvarez Escalera, de Quintana Roo; Luis Ángel Bravo Contreras, de Veracruz, y Ariel Francisco Aldecua, de Yucatán.

Los encargados de la seguridad regional abordaron temas como los sistemas de generación y análisis de información que permitan contar con productos de inteligencia basados en datos fidedignos y precisos sobre los delitos. También la instrumentación de las unidades de análisis de la información, cuya finalidad es coadyuvar en el fortalecimiento de la función ministerial, generar acciones estratégicas e integrales en materia de procuración de justicia y combate al delito de tortura.

El gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, exhortó a las autoridades de procuración e impartición de justicia a reafirmar la convicción de trabajar con transparencia, honestidad y compromiso con los ciudadanos que hoy demandan paz, armonía y seguridad en la vida cotidiana.

La procuración e impartición de justicia deben estar apegadas a derecho, es momento de consolidar un México de cero impunidad y combate total a la corrupción, y también de tener la mayor capacidad de trabajar en equipo, destacó.

Los procuradores de justicia de la región sureste del país, la de mayor diversidad cultural y lingüística, se enfocaron en mejorar la calidad de la información que se ingresa a la Base de Datos de Personas No Localizadas y generar información desglosada a través de un formato integral que permita mayor claridad en los reportes.

Acordaron también instrumentar mecanismos ágiles para la interacción entre la Procuraduría General de la República, fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, con relación a los casos de tortura.

Además, se creó la Unidad de Igualdad de Género de la PGR, para incorporar un enfoque de equidad en las políticas de todas las unidades administrativas y órganos desconcentrados, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad jurídica y la no discriminación de las mujeres.