n teoría, México es una nación democrática; en realidad esto no es así, no lo era cuando el Presidente de la República no sólo designaba a su sucesor, sino igualmente a los miembros del Congreso y a los gobernadores, para que luego de un ritual electoral, el pueblo los eligiera mediante una elección cuyos resultados se conocían varios meses atrás.

Pero tampoco lo ha sido después, en la medida de que ahora es un grupo reducido de personajes desconocidos para la sociedad, los que seleccionan a quien habrá de ser el siguiente presidente, mediante criterios igualmente desconocidos, para volcar después todo género de recursos económicos para facilitar y si es necesario imponer a su designado, aun contra la voluntad del pueblo, mientras los gobernadores a su vez imponen por cuenta propia a sus sucesores, así como a los congresos locales, y las cúpulas de los partidos definen quienes serán sus candidatos al Congreso nacional.

Esas prácticas dolosas, a espaldas de la sociedad, conforman en buena medida uno de los factores que han producido los problemas más graves que hoy enfrenta el país, incluyendo la corrupción y la impunidad, pues ello conforma un mecanismo de poder que brinda enormes beneficios a quienes lo ejercen, sin que tengan que pagar un precio ni dar cuenta de ello; a ningún presidente se le han atribuido responsabilidades por los actos de su sucesor, y demás personajes por él designados; nadie, que yo sepa, culpó a Adolfo López Mateos por haber designado a Gustavo Díaz Ordaz, de la misma manera que a Miguel de la Madrid nadie le señale responsable de los abusos de Carlos Salinas. ¿A quién señalaríamos hoy responsable de las acciones de Peña Nieto y colaboradores? Seguramente a muchos personajes y a la vez a ninguno.

Pero esto es sólo parte del problema, la otra parte radica en el Congreso. En el artículo 39 de la Constitución se establece que somos una democracia representativa, en la que los representantes del pueblo son electos por cada distrito electoral y por cada Estado según sean diputados o senadores, supuestamente para legislar en beneficio y de acuerdo con la voluntad del pueblo. Esto ha sido totalmente distinto y ha hecho crisis cuando el país perdió el rumbo y la nula representatividad del Congreso se hizo evidente.

Si pensamos en las leyes que han sido modificadas, así como en los acuerdos logrados en el Congreso a partir del llamado Pacto por México, nos queda claro que los diputados que hicieron posible eso para nada consultaron la opinión del pueblo y votaron claramente contra la voluntad de éste, aceptando los engaños fabricados desde el poder.

Sólo que hoy vivimos en la era de Internet, que ha mostrado un sinfín de posibilidades para que la ciudadanía pueda tomar las riendas del país, de ello nos hablan los textos de Wikileaks, las iniciativas que se han ido conformando respecto a temas considerados tabúes en el pasado y los mensajes que por millones circulan alrededor del mundo, generando nuevas experiencias y posibilidades, muchas, enteramente afines con la democracia, ya no sólo representativa, sino participativa, como en los mejores tiempos de Atenas, aunque las discusiones no sean aún, de la misma altura y profundidad de las que se dieron entonces.

Es por esto, que en La Jornada hemos iniciado un ambicioso proyecto de consultas públicas sobre temas de interés nacional, con la idea de dejar de manifiesto dos cosas, la primera es que la voluntad popular no ha sido tomada en cuenta por los miembros del Congreso, que más bien parecen ser representantes de los bancos, de las televisoras y del gobierno mismo, así como de otros intereses privados, contrarios a los de la sociedad en su conjunto, anulando con ello la vida democrática del país.

Pero en el camino estamos aprendiendo varias cosas, algunas de las cuales nos llevan a pensar en el uso de las consultas para conocer el grado de interés y de conocimiento de los derechos humanos, de la Constitución y de otros saberes esenciales que los mexicanos deberíamos tener. Asimismo, hemos descubierto que ellas también nos pueden servir para poner a juicio la actuación de gobernadores y funcionarios públicos que utilizan el poder para servirse y abusar de éste, como el caso del gobernador de Veracruz, donde la última semana la sociedad fue testigo de hechos fascistas que llevan a recordar lo sucedido en el gueto de Varsovia, como describió Julio Hernández en su columna Astillero del martes pasado. De la misma manera que para conocer la opinión de la sociedad respecto a los proyectos que inciden de alguna manera en nuestro futuro.

Uno de estos es el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que estamos poniendo a consulta esta semana, considerando que su instrumentación afectará de diversas maneras a los habitantes de la ciudad de México, pero también a los de las otras entidades del país.

¿Por qué los altos funcionarios del actual gobierno están empeñados en construir un nuevo aeropuerto faraónico en un país con uno de los más altos índices de miseria del continente? A nadie le queda claro. Sabemos desde ahora que el proyecto costará una inmensa fortuna que incrementará la enorme deuda externa, que ha venido creciendo de manera irresponsable, según apuntan las agrupaciones empresariales, mientras los precios del petróleo en el mercado internacional se desploman. ¿Por qué un aeropuerto nuevo, cuando las partidas para salud, educación y gasto social han sido recortadas drásticamente? ¿Por qué un nuevo aeropuerto, cuando los indicadores de pobreza y desempleo crecen en forma descontrolada? ¿Por qué un aeropuerto y no un programa para mejorar las escuelas públicas en sus condiciones sanitarias y de equipamiento? ¿Por qué un nuevo aeropuerto, cuando hace sólo ocho años se terminó la Terminal 2 con un costo de varios miles de millones de pesos?

Sabemos que para poder incidir en la política nacional, las Consultas de La Jornada requieren de amplia participación ciudadana, para ser representativas de la voluntad del pueblo. Para ello falta desarrollar una cultura democrática que hoy parece ser aún débil, pero que seguramente crecerá en los próximos meses y años, hasta convertirlas en un instrumento real de la democracia mexicana. Por ello invitamos a nuestros lectores a dedicar un poco de tiempo, a conocer los resultados de las cuatro consultas que hemos realizado, dos de las cuales están ahora abiertas junto con la nueva consulta sobre el aeropuerto mencionado. Invitándote a participar contestando las preguntas correspondientes. Si bien la sección de consultas puede ser fácilmente identificada en la página electrónica del diario, es posible acceder a ellas directamente, la liga para su acceso inmediato es: consultas.jornada.com.mx

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