Altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) se reunirán este lunes con representantes de los familiares del caso Ayotzinapa.

Al encuentro está programada la asistencia de la titular de la PGR, Arely Gómez. Asistirán también integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indicaron fuentes del gobierno federal.

El GIEI ha trabajado en días recientes con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR en las nuevas líneas de investigación propuestas por los especialistas sugeridos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asesorar al Estado mexicano –y evaluar sus indagatorias– a fin de logar la finalidad de clarificar qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

La primera averiguación de la PGR indicó que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero; los restos habrían sido arrojados a un río.

Sin embargo, el GIEI estudió el caso y emitió una serie de recomendaciones bajo la premisa de que no era científicamente posible una cremación colectiva en tan pocas horas.

Con lo anterior, funcionarios consultados señalaron que la cita del lunes será con los peritos y no con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como exige un grupo de familiares que el viernes realizaron un plantón en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos.

De manera alterna se conversará acerca de la propuesta de atención a víctimas, entregada en días pasados a los representantes de familiares de los afectados en los hechos de Iguala, Guerrero.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dijo en ocasión de la presentación del libro De regreso a casa, que la documentación de historias de personas desaparecidas propicia la sensibilización de la sociedad mexicana y a ser generadores de acciones encaminadas a la protección de la dignidad humana.

La historia sobre Alejandra García Andrade, su desaparición y posterior muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, nos refleja lo terrible que puede ser la realidad –agregó Campa– y nos recuerda las dificultades por las que atraviesan los familiares de las víctimas.

El andamiaje institucional debe asumir su posición como garante de los derechos humanos de quienes integran la sociedad, ejerciendo acciones que vaya encaminadas a la solución de problemas estructurales y la atención integral de las víctimas.