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El gran riesgo de ser abogado en Chihuahua
Víctor M. Quintana S.
L

os varones chihuahuenses entre 2010 y 2014 perdimos cuatro años de esperanza de vida. Los abogados seguramente mucho más.

El frente del palacio de gobierno en Chihuahua se está llenando de cruces. Está la gran Cruz de Clavos que rememora los feminicidios perpetrados desde 1993; cruces en honor de las víctimas de la masacre de Creel en agosto de 2008; otras en honor de los derechohumanistas asesinados, como el licenciado Ernesto Rábago, y una cruz más por las decenas de abogados ejecutados en esta tierra.

Hace un año, el juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua concedió el amparo de la justicia federal al licenciado David Óscar Castrejón Rivas, presidente del Colegio Estatal de Colegios de Abogados, contra actos del gobernador del estado, César Duarte. Esos actos eran la negativa sistemática de audiencia a dicho colegio, así como abrir los expedientes de la investigación de los asesinatos de varias decenas de abogados en la entidad.

En efecto, desde hace aproximadamente 10 años se ha ultimado a 74 abogados en Chihuahua. Tan sólo durante la gestión de Duarte ha sido asesinado un abogado cada dos meses. Y si llama la atención tanto homicidio doloso entre este gremio, más se resalta la ineficacia de las investigaciones, la impunidad con que resultan.

Hay algunos casos emblemáticos: el de Miguel Etzel Maldonado, ex procurador general de Justicia del estado, ex presidente estatal del PRI, ex líder del Congreso, reconocido dentro y fuera de su partido. Fue asesinado a tiros la noche del 20 de octubre de 2009 al llegar a la cochera de su casa. Nadie ha sido arrestado por el crimen hasta el momento.

El licenciado Sergio Dante Almaraz, ex dirigente local del Frente Democrático Nacional y del partido Convergencia, padre del actual fiscal de la Zona Centro del estado, fuerte crítico de la política de procuración y administración de la justicia en Chihuahua, fue asesinado en Ciudad Juárez en enero de 2006. Su homicidio también sigue impune.

Ex diputados, catedráticos, litigantes, priístas, panistas, de izquierda, sin partido, dirigentes del gremio, servidores y ex servidores públicos. Ultimados en la calle, en la carretera, en su propio despacho. Por comandos, por pistoleros aparentemente solitarios… La diversidad es enorme, pero el gobierno trata, sin embargo, de agruparlos en el denominador común del expediente fácil de en algo andarían metidos.

Por eso el Colegio Estatal de Colegios de Abogados hace ya varios años emprendió la lucha en defensa no sólo de sus agremiados, sino de todos sus colegas chihuahuenses. Se cansaron de enviar oficios a los procuradores, luego a los fiscales y a los gobernadores. Plantaron la cruz en la plaza frente a palacio. Se plantaron ellos mismos enseguida para exigir justicia. Nada. El silencio fue la única respuesta del gobierno del estado.

Nunca se imaginaron que tendrían que acudir al amparo de la justicia federal para que el gobierno del estado se viera forzado a hacerles caso, pero lo hizo el secretario particular del gobernador derivándolos sólo a otros funcionarios. A la fecha no han podido hablar con Duarte.

Tuvieron que mediar los asesinatos de dos abogados más para que el 23 de noviembre el fiscal general del estado recibiera a los representantes del colegio estatal. Le exigieron que se establezca una fiscalía especializada para investigar los asesinatos de abogados, les dijo que no hay presupuesto. Y no mintió, pues el erario estatal está al borde de la bancarrota. Se comprometió empero a crear algo parecido: un grupo especial con este propósito, y a sostener reuniones periódicas con ellos para revisar el avance de las investigaciones.

Algo que ha proliferado en este país en los últimos años son las fiscalías especiales. Las de delitos contra las mujeres, contra periodistas y otras más. Lo que esto revela son tres cuestiones: en primer lugar, que los criminales organizados, desorganizados y de Estado, se han cebado en grupos muy específicos: mujeres, periodistas, derechohumanistas. En segundo lugar, la inacción de los diversos niveles y órdenes del gobierno para perseguir y castigar a los presuntos responsables; la impunidad, pues. En tercer lugar, las movilizaciones de protesta de los sectores afectados, que demandan el establecimiento de un espacio institucional determinado, al que se pueda pedir cuentas y evaluar la acción de procuración de justicia.

La mala noticia es que el crimen sigue avanzando, pero la buena es que cada vez hay más sectores de la sociedad que se organizan y levantan su voz. Como los abogados de Chihuahua.